Hasta 10 años de prisión establece el nuevo Código Penal en su artículo No. 204, para todas aquellas personas que participen de adopciones voluntarias, sin afrontar los controles legales y administrativos correspondientes.
Rosaria Correa, directora Nacional de Niñez, Adolescencia y Adopciones, señaló que con la aprobación en tercer debate del proyecto de Ley No. 88, el país protege a los infantes de las adopciones voluntarias.
Correa manifestó que con esto se evita la trata de niños, como se registra en otros países, y no permite la obtención de beneficios económicos por parte de abogados, cuando tramitan una adopción voluntaria.
"Quien venda, ofrezca, transfiera, entregue o acepte a un niño o adolescente a cambio de remuneración, pago o recompensa, será sancionado con pena de prisión de cinco hasta 10 años", agregó.
A pesar de las declaraciones de Correa, algunos sectores interesados en el tema cuestionaron la rapidez con que se aprobaron las reformas a la Ley 88, de 2 de mayo de 2001.
Estas reformas buscan armonizar la legislación con el Convenio de La Haya, reducir el tiempo para perfeccionar una adopción y dotar de más recursos a los tribunales.
