Washington.- Panamá debe profundizar las medidas ya adoptadas para combatir el lavado de dinero y cerrar ciertos conductos bancarios que permiten a ciudadanos de Estados Unidos evadir impuestos.
Estas son las recetas ofrecidas al gobierno panameño por altos funcionarios del departamento del Tesoro de Estados Unidos que emitió un comunicado advirtiendo a la comunidad financiera que las medidas contra el lavado adoptadas por Panamá padecen de "serias deficiencias".
Pero tras un extenso análisis en el lenguaje más barroco del mundo bancario, el informe de tres páginas a renglón seguido concluye: "Funcionarios de los Estados Unidos están prontos a proveer la asistencia técnica apropiada a funcionarios panameños que trabajan para remediar las deficiencias en los sistemas panameños para contrarrestar el lavado de dinero que son el objeto de esta aviso".
Es significativo, además, que la circular hace resaltar que "debemos enfatizar que la emisión de esta advertencia y la necesidad de un mayor escrutinio para ciertas transacciones o relaciones bancarias no significa que instituciones financieras de Estados Unidos reduzcan sus negocios legítimos con Panamá".
Por eso aquí algunos funcionarios consideran que la airada reacción panameña puede haber exagerado el impacto de una advertencia, confundiéndola con sanciones o con otras medidas más draconianas que en ningún caso han sido considerados en relación con la emisión de este documento.
"Yo he insistido, y sigo insistiendo, que no habrá sanciones", reiteró ayer el embajador de Panamá, Guillermo Ford Boyd, en una conversación telefónica con el corresponsal de El Panamá América.
La semana pasada el diplomático inició una serie de contactos directos con altos funcionarios del departamento del Tesoro a la vez que funcionarios de Estados Unidos informaron que "las puertas de nuestras oficinas permanecen permanentemente abiertas para continuar cooperando con el gobierno de Panamá en este y otros aspectos vitales para nuestras relaciones bilaterales".
La crítica que contiene la circular del departamento de Tesoro está basada en lo que las autoridades de Estados Unidos consideran que son las tres principales fallas del sistema panameño para contrarrestar el lavado de dinero: "El lavado de dinero es considerado un crimen sólo si está conectado con el narcotráfico; el proceso de información sobre transacciones sospechosas es de limitada efectividad porque cualquier informe de una actividad sospechosa debe ser enviada a la Oficina de la Presidenta de Panamá antes de ser referida a la oficina del fiscal para ser investigada".
La otra falla es que "a la Unidad de Análisis Financiero, el órgano de inteligencia financiera, no le está permitido compartir la información con unidades similares de otros países".
"Estas deficiencias, entre otras", apunta el informe, han dado como resultado que Panamá haya sido catalogado por la Secretaría General del Grupo de Acción Financiera