Beatriz Harrick, presidenta de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), indicó que con la eliminación de cuatro artículos de la Ley 24, Panamá está violando convenios internacionales.
El Estado, a través de la firma de los convenios de maderas tropicales y de Kyoto, entre otros, se comprometió a proteger los bosques e incentivar el desarrollo de la industria de la reforestación, indicó.
Por su parte, Juan Ramón Sevillano, abogado de ANARAP, explicó que la eliminación de los incentivos fiscales atenta contra la seguridad jurídica de los inversionistas, porque en la actividad reforestal el retorno de la inversión se empieza a observar 20 años después y hasta la fecha solamente han pasado 12.
De ser ratificado el paquete de reformas por el Presidente de la República, solamente las nuevas plantaciones podrán acogerse a una serie de exoneraciones, indicó Sevillano.
Las investigaciones indican que las ilegalidades fueron cometidas en asocio con otros banqueros.
Existen señalamientos en su contra por parte del Banco Popular Fondo Visión y Banco Popular Windcolor de Ecuador en el manejo de fondos.
En Colombia también mantiene un proceso por retención de impuestos.
