A partir de la fecha, todas las aerolíneas que operen en Panamá están obligadas a enviar a las autoridades de Migración y al Consejo de Seguridad, por adelantado, toda la información sobre los pasajeros.
De igual forma, deberán proporcionar información sobre cualquier conducta de algún viajero que pueda poner en peligro los vuelos.
Estas compañías también podrán impedir que los pasajeros perseguidos judicialmente aborden sus naves.
Las disposiciones están contenidas en la Ley 89 del 1 de diciembre del 2010, sobre aviación comercial que fue sancionada por el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Según la norma, las aerolíneas deben detallar la información que requieran las autoridades, además del visado, pasaporte y otros detalles que se requieran.
Esta ley remplaza la que estaba incluida en la denominada Ley 30 o “Ley Chorizo”, que fue subrogada en el pasado período de sesiones extraordinarias de la Asamblea y que originó protestas en Bocas del Toro y otras provincias del país.
