El gobierno del presidente Juan Carlos Varela y los 12 diputados panameñistas quieren apretar el acelerador en la escogencia del nuevo contralor de la República a pesar de que dispusieron de la primera legislatura de sesiones ordinarias del 2014 (4 meses) para tan crucial decisión.
Sin embargo, varios sectores de la sociedad civil y analistas consideran que, en este afán político, el Ejecutivo podría cometer un acto de inconstitucionalidad si este determina que el sucesor (a) de Gioconda de Bianchini sea elegido (a) durante unas sesiones extraordinarias.
De esta forma opina el jurista Silvio Guerra, quien además sostiene que el llamado a estas sesiones extraordinarias para nombrar al fiscalizador de las finanzas públicas se interpretaría como una intervención del Ejecutivo, además de ser un acto inconstitucional porque la Asamblea no puede incluir temas en la agenda extraordinaria que pudieron ser discutidos en periodos ordinarios.
“Corremos el grave hecho de que el Ejecutivo esté erosionando e interviniendo en la competencia constitucional de la Asamblea Nacional de diputados para la designación del contralor”, apuntó Guerra.
Y es que según el artículo 149 de la Constitución Política de Panamá, la Asamblea Nacional se reunirá en sesión extraordinaria “cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo para conocer exclusivamente los asuntos que dicho Órgano (el Ejecutivo) someta a su consideración”.
En otras palabras, explica Guerra, que si la Carta Magna señala que la Asamblea puede reunirse por derecho propio, ese derecho propio se refiere única y exclusivamente a las sesiones ordinarias. Mientras que en las sesiones extraordinarias los temas a discutir son potestad del Ejecutivo.
Por su lado, Carlos Lee, expresidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que los diputados tienen la responsabilidad obligatoria de designar al próximo ocupante de esta vacante que podría quedar en acefalía después del 31 de diciembre.
“Es urgente el nombramiento de este funcionario. Debieron escogerlo en el periodo ordinario porque ya se sabía que eso iba a acontecer y es parte de sus responsabilidades constitucionales”, manifestó Lee.
Una opinión similar es la de la abogada Edna Ramos, del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG). La fuente precisó que las autoridades competentes tienen el deber de nombrar al contralor para actuar frente a las investigaciones que se adelantan. “Es extremadamente necesario que el país tenga certeza de que habrá un funcionario encargado de auditorías”.
Más allá de haber dejado pasar el tiempo para designar al nuevo contralor, el analista Edwin Cabrera asegura que a estas alturas no conocer quién relevará a De Bianchini puede considerarse un verdadero traspié del actual gobierno y sus aliados. “En los 4 meses de sesiones ordinarias que tuvo el Órgano Legislativo, no pudo cumplir con un requisito que le exige la Constitución y eso hay que anotarlo en las páginas del fracaso político”, expresó.
La bancada panameñista cuenta con el voto de sus 12 diputados y uno del Partido Popular, que en teoría apoyarían a Federico Humbert, mientras que el PRD posee 25 curules, pero existe una corriente que no apoya a su propio candidato, Bernabé Pérez.
- 31 de diciembre es la fecha que culmina el periodo de la actual contralora, Gioconda de Bianchini.
