Afectados por corredor esperan respuestas

Los moradores del Valle de Urracá y Tinajitas no tendrán que esperar más. La empresa PYCSA y representantes del Estado panameño han avanzado en las conversaciones sobre el reinicio de la II fase del Corredor Norte.
Incluso, directivos de la constructora se sienten confiados de que en las próximas semanas se logre un acuerdo que ponga en marcha la obra.
Santiago Quiroz, vocero de PYCSA, informó que los representantes de la empresa están optimistas de llegar a una solución debido a que los aspectos que eran obstáculos están siendo subsanados.
Había detalles en el contrato que desde la administración pasada no estaban claros, por lo que se tuvo que efectuar estas reuniones.
Uno de ellos es la responsabilidad del Estado o de la empresa en el área de la servidumbre.
"Las conversaciones se están dando en un ambiente de buena voluntad por ambos sectores, tanto de la empresa como del Estado. Creemos que en las próximas semanas podríamos estar dando una repuesta positiva a la sociedad panameña con la reapertura de la obra", indicó Quiroz.
Esta obra beneficiará a los panameños, ya que servirá para desahogar el tráfico vehicular y a la agilización de otros proyectos que se están ejecutando.
Debido a que es un proyecto millonario, otra ventaja es que generaría fuentes de trabajo e impulsaría la economía panameña.
Quiroz apuntó que la empresa en ningún momento ha desistido de construir y actualmente se encuentra solvente económicamente para desarrollar el proyecto luego de que se llegue a un acuerdo con el Estado.
Por otro lado, continúan las conversaciones con moradores de San Miguelito, quienes son afectados por la construcción del corredor. En el último encuentro se abordó el tema de los avalúos a las viviendas.El arquitecto Erick Zapata, director de Obras y Construcciones del Municipio de San Miguelito y quien dirige las conversaciones informó que se citó a funcionarios de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República para que estén conscientes del criterio social que se debe tomar al momento de realizar su trabajo en las estructuras de las viviendas involucradas en este proyecto.
Sólo cinco de las 20 familias están de acuerdo con el avalúo efectuado.