El Organo Ejecutivo tiene la potestad de efectuar un programa de contención de gastos en caso que los ingresos no sean lo suficiente, advirtió ayer el director nacional de presupuesto, Omar Castillo.
Las declaraciones de Castillo se dan en respuesta a la demanda de nulidad presentada por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, contra el artículo 2 de la Ley 20 de 1999 por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas puede aplicar una racionalización del gasto público.
"Hay un fallo de la Corte Suprema, que posteriormente se hizo una aclaración, en la cual daba la potestad al Ejecutivo de realizar una reprogramación del gasto, si los ingresos no eran suficientes", aclaró Castillo.
Puntualizó que se cumple con lo que menciona el fallo de realizar un programa de contención del gasto en las instituciones del Estado, a fin de mantener un equilibrio fiscal sano.
"Nos estamos basando en lo que dice el fallo y le corresponderá a otras instancias dar la aprobación o desaprobar los recursos", acotó. La semana pasada se presentó una demanda de nulidad contra el artículo 2 de la Ley 20 de 1999 por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede aplicar una racionalización del gasto público.
El presidente del Organo Legislativo señaló que la demanda también se hace extensiva a los artículos 200 y 161 de la Ley 55 de 2000, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado.
Precisó que el Consejo de Gabinete mediante Resolución No. 82 de 26 de septiembre de 2001 autorizó medidas de contención del gasto para la vigencia fiscal 2001 sin el cumplimiento de las normas legales vigentes sobre esa materia y además se incurrió en un error inexcusable al considerar a la Asamblea como una entidad del gobierno central.
El recorte autorizado fue de B/.1,200,000 del gasto de funcionamiento de la Asamblea que corresponde a los fondos necesarios para sufragar el pago de 400 empleados contratados para laborar en ese órgano del Estado.
Agregó que ni el Ministerio de Economía y Finanzas ni el Consejo de Gabinete en ningún momento enviaron a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea los documentos que sustentan la reducción del gasto público.
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