Agencias en la mira del Gobierno

LAS agencias de seguridad privadas siguen en la mira de las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Entretanto, se espera que el presidente de la República, Martín Torrijos, firme un nuevo decreto que procuraría modernizar la legislación aplicada a esta industria.
El último incidente, donde un agente de seguridad asesinó a una joven de 24 años con su arma de reglamento, dejó en evidencia la deficiente formación de estos trabajadores.
De ello está consciente el asesor legal del Ministerio de Gobierno y Justicia, Luis Adames, quien también reconoce la ausencia de normas lo suficientemente rigurosas para controlar eficazmente el funcionamiento de las agencias.
Y es que el proyecto busca regular no sólo a las empresas del ramo, sino a los agentes de seguridad, quienes a partir de la aprobación del instrumento y antes iniciar labores, deberán cumplir con una serie de requisitos para obtener una idoneidad expedida por el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Los guardias de seguridad deben aprobar el curso básico de instrucción impartido por la Policía Nacional o por un centro de capacitación autorizado por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, de manera que compruebe los conocimientos que lo acreditan para ejercer las funciones de agentes.
Además, las empresas que presten servicios privados de seguridad deberán presentar anualmente copias de las pruebas teóricas y prácticas determinadas por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, de cada uno de los agentes contratados.
Estas pruebas serán realizadas por médicos idóneos y en laboratorios y clínicas idóneas. También se mantendrá un registro de los profesionales.
Para el siquiatra Alejandro Pérez, si una persona es insana, previo análisis de su personalidad y condiciones de vida, no se recomienda darle un arma.
Pero esto último, a juicio de Adames, no se está cumpliendo, pues la norma vigente permite certificado de cualquier laboratorio.
El nuevo decreto establece que los agentes de seguridad privada realizarán, por lo menos una vez al año, ejercicios obligatorios de tiro, bajo supervisión del jefe de seguridad o de un Instructor autorizado por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública.
Las armas de fuego reglamentarias son el revólver calibre 38 de 4 pulgadas y escopeta de repetición calibre 12 de munición convencional.
El tema laboral también está contemplado.