Luego de que el ministro de Gobierno y Justicia José Raúl Mulino criticara a los representantes de agrupaciones de la sociedad civil por no participar de las discusiones del proyecto de ley que busca rastrear llamadas telefónicas, las reacciones no se hicieron esperar.
Maribel Jaén de la Comisión de Justicia y Paz pidió al ministro Mulino que “saque el pie del acelerador en este tema”.
“Tanto la ley de los pinchazos como la que reforma la ley de menores, son temas de Estado que merecen ser tratados con el debido cuidado, sin apuros”, añadió.
Por su parte, Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que esa organización mantiene representantes en las discusiones y aseguró que discutir este tema sin que esté en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, no tiene sentido.
"Es como poner la carreta por delante de los bueyes, ya que primero se debe tener toda la estructura legal para su aplicación", estimó.
Para Víctor Atencio, de la Red de Derechos Humanos de Panamá, sería más conveniente que el Estado diseñe un sistema inhibidor de las señales en los centros penitenciarios, que aprobar todo un marco legal más amplio.
Detalló que aún no está claro si ésta es la medida correcta para combatir la delincuencia
