AIG: el negocio opaco de las aplicaciones móviles

La Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) manejó durante 4 años la creación y contratación de apps (aplicaciones informáticas para equipos móviles) bajo toda opacidad, la mayoría de ellas fueron negocios creados con la excusa de la pandemia de covid-19 en la administración de Laurentino Cortizo.

En ese periodo, el entonces administrador general de la AIG, Luis Oliva Ramos, se acogió al procedimiento excepcional de contratación para suscribir una serie de contratos directos con empresas desconocidas a la fecha y otras con trayectoria en el país.

Así se concretaron negocios en el la AIG por más de 10 millones de dólares para el desarrollo de software, plataformas y aplicaciones digitales bajo la excusa de la pandemia, entre ellas Panamá Digital y Panamá Solidario, esta última utilizada para la distribución de los bonos que entregó el Gobierno a las personas que perdieron sus puestos de trabajo durante el periodo de emergencia que se decretó.

Entre las empresas beneficiadas con estas contrataciones desde la AIG destacan Zertifica Latam S.A., Cable & Wireless, Medata S.A., Soaint Panamá, Sonda y Rootstack S.A.. El mayor contrato se dio de forma directa a la empresa Cable & Wireless para el desarrollo de la APP Panamá Solidario - Vale Digital por un monto de 5 millones 532 mil dólares.

Precisamente, Cable & Wireless tiene una conexión directa y de negocios con Julio Spiegel, el cuñado del vicepresidente de la República saliente, José Gabriel Carrizo.

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Spiegel, fue gerente de la telefónica hasta septiembre de 2021 y luego pasó a ser ejecutivo de la empresa internacional Liberty Global, operador de Cable & Wireless, como vicepresidente de asuntos gubernamentales para Latinoamérica.'Cable & Wireless adquirió el negocio personal de Spiegel que operaba bajo el nombre de Sonitel.

En medio de ello y de acuerdo con información de la propia AIG, la institución acordó contratar de forma directa a Cable & Wireless por $5.5 millones para el desarrollo de la plataforma del bono solidario.'

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días le quedan al gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo en el poder.

 

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de julio asume el nuevo gobierno, encabezado por José Raúl Mulino.

 

La AIG también pidió la excepción de una licitación abierta para otorgar otros contratos de forma directa para el desarrollo de soluciones digitales.

El 27 de octubre, el Consejo Económico Nacional le aprobó a Oliva la solicitud para contratar directamente a la empresa Medata S.A. para el servicio de llamadas, denuncias, quejas, ideas, sugerencias e información de los trámites que brindan las entidades del Gobierno llamado "consultas del 311 Centro de Atención Ciudadana", por un periodo de 10 meses.

Para ello la AIG pagó un millón 293 mil 839 dólares a la empresa representada por Auritzel de León, Yanilka Scott y Janeth Soto.

El administrador de la AIG también aceptó que contrató de forma directa a la empresa Zertifica Latam S.A. para los servicios del programa continuidad operativa y extensión de la plataforma Panamá Digital por un término de 16 meses a partir del 1 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2023 por un monto de 755 mil 181 dólares.

Las empresas Soaint Panamá S.A., presidida por Víctor Valenzuela, y Sonda S.A. también se asociaron para llevarse varios contratos en la AIG.

En la página web de Panamá Compras aparece una resolución de adjudicación de un contrato para Soaint para el servicio de desarrollo, adecuaciones y herramientas de software para los departamentos de la dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, por un monto de 124 mil dólares.

En agosto del año pasado, Soaint se asoció con Sonda en un consorcio al que se le adjudicó un contrato por 399 mil 378 dólares para el desarrollo y digitalización de trámites relacionados con la importación de alimentos. Un mes después Sonda se ganó otro contrato en la AIG por otros 306 mil dólares para digitalización de trámites relacionados con la dirección de Farmacia y Drogas y el Instituto Especializado en Análisis.

Otro de los contratos de la AGI quedó en manos de la empresa Rootstack S.A. para el servicio de mejoras al portal de datos abiertos de Panamá (DAP) por un monto de 58 mil 208 dólares. En este caso se abrió a licitación el contrato, pero solo esta empresa, presidida por Alejandro Oses, presentó oferta.

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