Alba tiene mayor cantidad de procesos

EL DIPUTADO Rogelio Alba mantiene un proceso contra la salud pública, luego que imputados en un proceso de drogas registrado en la Comarca Kuna Yala le hicieran cargos.
La única diputada del PARLACEN por la cual se esperan solicitudes de investigación es la ex presidenta Mireya Moscoso. El Ministerio Público actuando de oficio la señala por el manejo de los dineros otorgados por Taiwan a la Fundación Mar del Sur y el manejo de las partidas discrecionales.
En otro caso ya investigado por la Fiscalia Anticorrupción, y en que posteriormente salió a relucir el nombre del diputado Enrique Garrido, es el relacionado a con una presunta lesión patrimonial de más de medio millón de balboas, ocasionada presuntamente por el nombramiento de "botellas" cuando este diputado ocupó la presidencia en la Asamblea Nacional. El caso ya está en la Corte y se espera desde hace más de un año y medio la autorización para investigar al propio Garrido.
Mientras que en el caso de los diputados Rubio, Cortez, Hernández, Blandón y Rodríguez, ellos mismos pidieron una investigación al Ministerio Público, luego que en el periodo pasado fueran señalados por el secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, de haber recibido sobornos para aprobar un anteproyecto de ley que regulaba el uso del territorio insular en Bocas del Toro. Esta afirmación fue rechazada por estos diputados.
En tanto que el caso de la diputada Hermisenda Perea, se produce luego que Carolina Romo que estaba en la planilla de la diputada laborando en asuntos comunitarios, denunciara que otra persona allegada a la diputada cobraba sus cheques.
La Fiscalía Electoral por otro lado está a la espera que la Corte Suprema defina si le corresponde al Ministerio Público o a la Fiscalía Electoral investigar un caso sobre un delito electoral en el que se vincula al diputado panameñista Osman Gómez, por presuntamente utilizar en la pasada campaña electoral recursos del Estado para favorecerse políticamente.
Las pasadas reformas constitucionales eliminó la facultad de la Asamblea Nacional de levantarle la inmunidad a sus diputados, otorgándole así a la Corte Suprema la responsabilidad de ordenar estas investigaciones.
En el artículo 206 de la propia Carta Magna reformada en el 2004, se establece que cuando se presentan denuncias contra diputados, es la Corte Suprema, la que puede investigarlos y procesarlos e incluso comisionar a un agente de instrucción. En algunos casos ya se ha definido que el agente de instrucción es el Ministerio Público.
Para el ex presidente de la Asamblea Nacional y actual presidente de la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea, Jerry Wilson, tras conocer la decisión de la Corte en el caso Alba, indicó que la norma que permite el juzgamiento antes de ser aplicada, debe ser reglamentada por una ley antes de implementarse. "Hasta tanto a mi juicio no tendría aplicación".
No obstante, para el secretario general del Ministerio Público, Rigoberto González, luego de la autorización de la Corte no hay ningún obstáculo, por lo que ahora le corresponderá al Ministerio Público recabar pruebas, entre ellas solicitarle a la Asamblea que certifique los nombramientos de las personas vinculadas al caso Alba y realizar otras diligencias para establecer si hay méritos para recomendarle a la Corte que lo llame o no a juicio.