El primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, negó ayer que se hayan dado despidos masivos en el actual gobierno como lo denunció la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) y alegó que lo único que se ha hecho es una revisión de los que "entraron a última hora y que no han podido comprobar que tienen méritos para entrar a la Carrera Administrativa".
Vallarino hizo tales declaraciones, tras señalar que el 75 por ciento de los funcionarios públicos están dentro de la Carrera Administrativa y aún permanecen en sus puestos de trabajo.
Sin embargo, expresó que es precisamente en la Alcaldía de Panamá, la cual es dirigida por el perredista Juan Carlos Navarro, donde se han registrado más despidos.
"El mismo alcalde dijo que iba a arrancar de raíz toda la parte administrativa y nosotros simplemente hemos estado detectando algunos lugares en que tenemos que darle participación, fundamentalmente las direcciones y puestos de confianza de personas que deben mantener cierta armonía con el nuevo equipo de gobierno", pronunció.
Por su parte, el secretario de Defensa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alejandro Berrocal, manifestó ayer que el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, en su afán de lograr nuevas plazas de trabajo para satisfacer sus intereses políticos, está despidiendo a mujeres embarazadas.
Destacó Berrocal que en la actual administración gubernamental "no solamente se está violentando el derecho a la estabilidad de estas mujeres panameñas, sino que se está violando un fuero que está establecido por ley".
Mientras, el secretario general de la FENASEP, Leandro Avila, reveló que las últimas instituciones en donde se han dado destituciones son el Banco Hipotecario Nacional (BHN), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y ayer se denunció que en el Instituto Nacional de Cultura en Chitré, Herrera, se despidió a una funcionaria protegida por el fuero maternal.
Según Avila, es necesario que el gerente del Banco Hipotecario Nacional rectifique la decisión tomada en contra de la empleada, mientras que en el BDA botaron y reintegraron a una funcionaria en estado de gravidez; sin embargo, le "mantienen un acoso" y el viernes "tuvo un principio de aborto", agregó.
El dirigente manifestó además que como la funcionaria "es abogada de profesión" la trasladan de un departamento a otro, como para que renuncie.
En tanto, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, instó ayer al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso a detener la política de destituciones masivas implementada desde hace cuatro meses, tras advertir que esta medida puede traerle repercusiones económicas negativas al Estado.
Montenegro de Fletcher formuló un llamado a la mandataria Moscoso para que se reconozcan las leyes especiales, y los derechos de los funcionarios amparados por la Ley de Carrera Administrativa, ya que en caso de una eventual demanda interpuesta por los afectados, el Estado tendría que desembolsar grandes sumas de dinero.
"Como hemos declarado en ocasiones anteriores ha habido fallos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en donde todos los panameños hemos tenido que pagar una indemnización y salarios caídos por sumas no de B/.10 mil, B/.20 mil ni siquiera de B/.30 mil, sino por cantidades importantes de hasta B/.200 mil", precisó la funcionaria.
