Ante este hecho, sugirieron hacer accesible en la página web de la Presidencia de la República, el informe que debió elaborar la Comisión nombrada por el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, para que se conozcan finalmente las sanciones disciplinarias que se aplicaron según lo que establece la ley que rige al SPI.
El pronunciamiento de la Alianza se registra semanas después de verificarse una golpiza contra familiares de las víctimas de personas envenenadas por dietileneglicol, quienes se apostaron en los predios de la Presidencia de la República para obtener una respuesta del Ejecutivo en ese momento.
"La Alianza considera que se debe designar en la dirección de esta institución a personas civiles, como lo establece la Ley 2 del 8 de julio de 1999, con preparación en materia de derechos humanos", sostiene la nota avalada por once organizaciones nacionales.
Piden que se revise la actual capacitación que está recibiendo el personal subalterno del SPI y el sistema de responsabilidad profesional que se les aplica.
En la misiva también se hace alusión al escándalo público sobre los privilegios para los presos en La Joyita y otras cárceles del país.
El comunicado sostiene que se deja en evidencia la deficiente supervisión que hacen las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia, y del Sistema Penitenciario a las cárceles del país.
"Los tratamientos especiales para ciertos internos, contrasta con las condiciones infrahumanas en las que viven miles de internos en las cárceles panameñas", subraya la Alianza. Esperarán los resultados del Ministerio Público.
El jefe del SPI, José Gómez fue sancionado con 30 días de suspensión por la represión contra una manifestación encabezada por familiares y enfermos de las medicinas envenenadas de la Caja de Seguro Social.
Una comisión del Ejecutivo realizó las investigaciones de los hechos que se dieron en la Presidencia.
