Un allanamiento en la piquera de autobuses de Pedregal realizó ayer el Juzgado Decimocuarto Civil a solicitud de la empresaria del sector transporte Nilsa Hernández, quien reclama B/.100 mil en concepto de indemnización porque supuestamente el dirigente Dionel Broce no le ha permitido operar en esta ruta.
Los funcionarios judiciales, en presencia de agentes de la Policía, abrieron las puertas del lugar utilizando cinceles y martillos.
Broce, que no se presentó al lugar, advirtió posteriormente que la acción era ilegal porque el terreno donde opera la piquera pertenece a otra organización. Esta es la segunda acción judicial en contra de esta agrupación que se realiza esta semana.
