Incidentes violentos como los registrados hace más de una semana en la occidental provincia de Bocas del Toro podrían tener un efecto "negativo" en el grado de inversión otorgado a Panamá por las calificadoras, reconoció hoy el viceministro panameño de Economía, Dulcidio De La Guardia.
"Problemas como los que se han suscitado recientemente tienen un efecto, o podrían tener un efecto en la calificación, y es por eso importante mantener una estabilidad institucional y también la paz social", dijo a Acan-Efe De La Guardia tras participar en un foro bancario en esta capital.
"Los efectos de los hechos en Bocas del Toro obviamente son temas que de repetirse, o de profundizarse, pudieran tener un impacto negativo en la calificación de riesgo del país y por consiguiente en la atracción de inversión extranjera a Panamá", recalcó.
Los incidentes registrados en la ciudad de Changuinola, en Bocas del Toro, en la costa del Caribe, que se saldaron con dos muertos y 185 heridos, surgieron durante protestan contra una norma conocida como "ley chorizo", que bajo el título de desarrollo de la aviación comercial incluye nueve temas que afectan a cuestiones de seguridad, sindicales y medio ambientales, entre otros asuntos.
Estas protestas llevaron al presidente, Ricardo Martinelli, y un grupo de sus ministros a visitar el fin de semana pasado esa población y reunirse con sus líderes.
Mientras Martinelli anunció millonarias inversiones en Bocas del Toro, los sindicatos anunciaron un nuevo paro y protestas en agosto si no se elimina la polémica ley.
De La Guardia indicó que "la calidad democrática panameña es un factor importante entre los riesgos que ellos (las calificadoras) evalúan a la hora de otorgar" el grado de inversión.
En junio pasado, la calificadora internacional de riesgo Moodys elevó al primer grado de inversión la deuda soberana de Panamá, al pasar de Ba1 a Baa3, por la mejora de la situación fiscal y las favorables perspectivas a medio plazo.
Moodys también aumentó la calificación de los bonos panameños de A3 a A2 y a sus depósitos de Baa2 a Baa1.
A finales de mayo, Standard and Poors (S&P) también otorgó el grado de inversión a la deuda panameña de largo plazo, algo que Fitch Ratings había hecho ya a finales de marzo.
"Tenemos claro que las calificadoras toman en consideración no sólo el desempeño macroeconómico fiscal, también toman en cuenta cuál es la estabilidad institucional y la estabilidad política del país (...) y lo consideran como parte de su análisis a la hora de otorgar la calificación de riesgo", reiteró.
Destacó, en este sentido, que Panamá ha tenido en los últimos 20 años una estabilidad institucional con cuatro gobiernos democráticos que se han sucedido, ganando la oposición siempre en la elección.
"Nos tomó 20 años llegar a tener la calificación de grado de inversión producto de las mejoras en la institucionalidad (...) y ellos lo que van a considerar es si hay una evolución en el mediano plazo que vaya en contra de la evolución democrática del país o hechos que trastornen la paz y la convivencia social", agregó.
Empero, el viceministro dijo que todavía no se han encendido las alarmas entre las calificadores sobre este asunto.
"Este no es un tema que a ellos les preocupa, porque no es un tema muy puntual, pero claramente es un tema que nosotros como Gobierno tenemos que mirar con mucho cuidado", afirmó De La Guardia.
