Algunos opinan que el fenómeno es producto del desarrollo no planificado, al tiempo que creen que debe considerarse el valor histórico que representan para el país, estos sitios.
Ciudadanos organizados en el Comité Alianza Pro Ciudad, mantiene una lucha desde noviembre para que se detengan las demoliciones; sin embargo, dicen que todo ha sido infructuoso.
Raisa Banfield, arquitecta y miembro del Comité Alianza Pro Ciudad, manifestó que hasta hace poco presentaron en el Consejo Municipal un estudio realizado por la Organización Internacional de Documentación y Conservación del Movimiento Moderno (DOCOMOMO).
El estudio revela que entre los 85 edificios están incluidas escuelas, universidades y residencias particulares que deben ser conservados, lugares como los Archivos Nacionales, Piscina Olímpica Adán Gordón, Museo de Ciencias Naturales, Museo Afro-Antillano, Casa Museo del Banco Nacional, Procuraduría General de la Nación, son un patrimonio histórico y cultural.
Se incluyen además, la Escuela República de Venezuela, Laboratorio Conmemorativo Gorgas, Embajada de Cuba, Escuela Bella Vista, Iglesia Don Bosco, Cristo Rey, del Carmen, Santuario Nacional, residencia Alcibiades Arosemena, residencia Carlos A. Mendoza, Renta 6, Renta 9, La Magnolia, edificio Grobman y edificio San Remo.
¿Avances? Banfield cree que hay muy pocos. Asegura que se estuvo conversando con el Consejo Municipal intentando que se detuvieran las demoliciones en estos puntos y aunque se logró, no se obtuvieron los fines esperados.
Lo que explica es que la prohibición ordenada en el Concejo es de sólo tres meses para la demolición en los sectores de Bella Vista y La Exposición e incluye únicamente iglesias, escuelas y edificios públicos.
Los grupos habían solicitado una moratoria de seis meses en los permisos de demolición.
Siendo así, Banfield considera que la prohibición aprobada por los representantes es un "show", pues las edificaciones amenazadas no son parte de la norma.
La misma opinión es compartida por el representante de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, quien añadió que es pérdida de tiempo.
Sin embargo, el representante de Bella Vista, Virgilio Crespo, presidente de la Comisión de Vivienda, rechazó tales afirmaciones y aseguró que la propiedad privada es un derecho inalienable sobre el cual el Consejo capitalino no puede mandar.
Agregó que es por ello que antes de que se vaya a proceder a una demolición en este tipo de propiedad privada, el propietario puede ir a una consulta ante la Comisión de Urbanismo y que el dueño decida venderlo o no. Hay edificios en la ciudad capital que son de 1910 y los últimos seis meses, han sido testigos de más de 60 demoliciones, las que incluyen Bella Vista y La Exposición. Otras 90 están en lista de espera.
Según Alianza Pro Ciudad, la Ley de Urbanismo aprobada el 6 del 1 de febrero del 2006, indica que la propiedad privada está sujeta al mejor servicio colectivo, que quiere decir al servicio social que brinda la sociedad.
Las nuevas construcciones tienen el estímulo fiscal que se exonera por 15 años.
