Ambientalistas insatisfechos con proyecto de ley insular

LAS ISLAS panameñas que hoy son libres y pertenecen al Estado, "pronto tendrían dueño". Es a eso a lo que le teme Ariel Rodríguez, biólogo y ambientalista.
Su temor se concretaría, si el Proyecto No. 132 que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular se convierte en ley.
Él está seguro que así será, sin embargo, sus palabras dan fe de que los ambientalistas no se quedarán de brazos cruzados.
Lo que señala Rodríguez es que esta iniciativa lo que pretende es "privatizar los territorios, al conceder titularidad en áreas que a la fecha la ley no lo ha permitido".
Y es que para Rodríguez, "enajenación es venta" y precisamente de eso trata el proyecto de ley 132.
Según destaca el biólogo, la parte ambiental es el sustento a su oposición. Por ello mencionan que el daño se observaría a mediano y largo plazo.
"Se destruirían los sistemas ecológicos, sufrirían los arrecifes de corales, porque en esas islas se construirían puertos, carreteras, sistemas de agua, generando basura", advirtió.
A Líder Sucre, de la Asociación Nacional de Conservación (ANCON), por su parte, lo mantiene inquieto el tema de la infraestructura.
El proyecto establece que el Estado recibiría gratuitamente la infraestructura entregada por el inversionista como pública, pero ¿tendrá el Estado la capacidad para darle el mantenimiento adecuado?
Sucre asegura que no. "El Estado no cumpliría con la parte de mantenimiento" por una sencilla razón: "el costo es muy alto".
La afectación ambiental en ese sentido sería irremediable. Señala que el 90% de los arrecifes de coral están relacionados a las islas. Y eso no es todo. Para Sucre hay un aspecto todavía más preocupante.
La ley le da a la dirección de Catastro y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) la responsabilidad de vigilar que se cumplan las disposiciones ambientales.
"Si en tierra firme ANAM no tiene recursos, mucho menos los tendrá en territorio insular", cuestiona Sucre.
Su sugerencia, que según dijo, no fue escuchada en los debates, es que una parte de de los ingresos económicos que dejarán estos importantes proyectos sea utilizado en personal de vigilancia para Catastro y ANAM. "Pero, que la ley lo diga".

Tal como lo promovió el presidente Martín Torrijos en lo mejor de la época electoral; Benjamín Colamarco, de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, asegura que esta ley generaría más empleos.
Estos nuevos trabajos caminarían de la mano de "actividades en diversos sectores, captación de divisas extranjeras y la dinamización de la economía regional en las áreas donde se desarrolla el proyecto o la inversión turística", como señaló Colamarco en entrevista con Panamá América hace unas semanas.
Para los lugareños de estos territorios, Colamarco también tuvo unas palabras. "A quienes ocupan predios en el territorio insular o en las áreas declaradas de desarrollo social y que tengan derechos posesorios se les reconocerán esos derechos".
Entre tanto, Juan José Espino, del complejo turístico residencial Red Frog, también está convencido de la necesidad de la ley.
Para él, éste es un "proyecto positivo" porque favorece el desarrollo insular extranjero en tierras de un valor turístico importante.
Espino señala además que esta iniciativa trae el "ordenamiento jurídico a zonas que abarcan todas las islas del país que no tenían ninguna posibilidad de titularse ni desarrollarse como se debe".
"Es un proyecto de equilibrio. Promueve la inversión turística grande, mediana y pequeña con reglas claras en el territorio insular y las áreas costeras de desarrollo especial y por el otro lado garantiza los derechos posesorios", señaló al Panamá América Benjamín Colamarco, director de la dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas.