El presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, denunció ayer que ha recibido en su residencia amenazas anónimas de secuestro, en el caso de que siga haciendo denuncias sobre la situación de violencia que se registra en la frontera de Panamá con Colombia.
Garrido aseguró que el pasado domingo a las siete de la noche, después de su llegada de un viaje por Suramérica, una voz masculina le advirtió que "se cuidara de lo que hace y lo que dice", y que se abstuviera de denunciar cualquier cosa referente al área de la frontera.
El presidente de la Asamblea manifestó que "no teme por su vida" y va a seguir trabajando y denunciando las cosas que tenga que decir con respecto a la situación de violencia que se da en el área.
Garrido presentó anoche ante el pleno legislativo un anteproyecto de ley que duplica las penas a las personas que se ven involucradas en actos de secuestro en el territorio nacional.
Por medio del anteproyecto se modifican los artículos 188 y 189 del Código Penal.
La norma vigente dispone que la pena de cárcel para los autores del delito de secuestro será de cinco a siete años, mientras que la propuesta de modificación establece que será de nueve a doce años.
Para aquellas personas que colaboran con el secuestro, que según el Código Penal serían condenadas con veinte a cincuenta días multas, la propuesta establece que serían condenadas con seis años de prisión.
Por medio del mismo proyecto, se crea el nuevo tipo penal llamado Conspiración para el Secuestro o Asociación Ilícita para cometer el delito de secuestro.
La propuesta crea la figura de colaboración del sindicado, que pretende beneficiar con una rebaja de hasta un tercio de su condena, al imputado que aporte a las autoridades información veraz con la que se pueda identificar a todos los autores, cómplices, encubridores e investigados por el delito de secuestro.
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