La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) espera recaudar hasta 1.5 millones de balboas por medio del cobro de los certificados del Código de Seguridad Internacional para Facilidades Portuarias, cuyas siglas en inglés son (ISPS), y que está regentado por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Se espera que Panamá en los próximos días imponga el cobro de B/. 250, por la aprobación de cada certificado ISPS, para cumplir con los requisitos exigidos por la OMI.
La administradora de la AMP, Bertilda García, dijo que aún se requiere presentar esta propuesta a la Junta Directiva para su aprobación, y una vez ratificada, las naves que hayan cumplido con los requisitos podrán solicitar el documento.
García expresó que a menos de un año para verificar la aplicación de los nuevos reglamentos de SOLAS y del código ISPS, urge que se ejecute esta nueva disposición.
"En las próximas dos semanas la AMP seleccionará la compañía que será la responsable de la implementación de los procesos", destacó García.
Aunque se negó a nombrar la agencia, dijo que es una compañía internacional, reconocida y con una larga tradición en la verificación de asuntos de seguridad.
Según lo expuesto, esta tasa fija podría recoger más de 1.5 millones de balboas para ayudar a pagar los costos de la ejecución del Código, por lo que García dijo que la AMP envió hace unos 15 días una guía a los usuarios, dándoles la oportunidad de aportar sus propias sugerencias.
García dijo que todas estas decisiones deberían tomarse al mismo tiempo que la Junta Directiva apruebe la tasa para los certificados, y que esta reunión está propuesta para los primeros días de agosto.
Agregó que todavía se discute como crear mejores incentivos para animar a los usuarios de la flota a acelerar la implementación de las nuevas medidas y evitar una repetición de la implementación del Código ISM, cuando varios dueños de naves esperaron hasta el último momento para ejecutar las medidas del código.
Mientras que Juan Felipe Pitty, presidente de la Asociación de Derecho Marítimo, dijo que se ha insistido para que la compañía sea de la más calificada, con alta credibilidad internacional y que el mecanismo de selección sea lo más transparente, para que Panamá pueda cumplir con este requisito internacional.
Por su parte, el Secretario de la Cámara Marítima Internacional, Chris Horrocks, expresó que esperar que el nuevo proceso no introduzca más burocracia para la ya apretada fecha, creando dudas sobre los certificados emitidos por la AMP.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.
Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.