El juez séptimo de circuito, Felipe Fuentes, ordenó la ampliación de las sumarias por el hurto de 311 piezas de oro y cerámica del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, y solicitó se tome declaración jurada al director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Pablo Barrios, y a su ex director Rafael Ruiloba.
Fuentes también exige la realización de una investigación para determinar el valor económico de las piezas arqueológicas sustraídas que aún se encuentran extraviadas, y la autenticidad de las recuperadas.
También se ordenó la ampliación de la declaración presentada por el director de Patrimonio Histórico, Carlos Fitzgerald, con relación a los hechos informados a las autoridades el 17 de febrero del 2003.
A la vez solicitó a la Fiscalía Séptima de Circuito que se tome una ampliación de la declaración del abogado, Rogelio Cruz, para que sin afectar el secreto profesional y apegado a su civismo informe cómo, cuándo, dónde y por quién le fue entregada una de las piezas hurtadas del museo.
Otras de las diligencias exigidas es tomar declaración jurada a los detectives Roderick Serracín, Carlos Carrillo y al secretario de la Fiscalía Auxiliar, Jairo Reid, sobre los informes policivos relacionados con la captura de Adrián Cedeño, Benjamín Rangel, Manuel Núñez y Miguel Ward para que se identifique a la fuente de entero crédito que informó sobre la compra y venta de las piezas hurtadas.
El juez también determinó sustituir las detenciones preventivas aplicadas a los sindicados Manuel Núñez, Joel Quarles y Benjamín Rangel, quienes se encontraban detenidos desde el 26 de febrero del 2003 y que ahora deberán reportarse cada 15 días ante el tribunal.
Dentro de la misma resolución se mantuvo la detención de Adrián Cedeño y de Marquelo R. Headley. El primero de los casos se señala que éste tuvo indicios de presencia, oportunidad y sospecha que justifican su detención preventiva.
En Headley se negó la medida cautelar porque en su poder se encontraron parte de las piezas hurtadas.
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