La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez analiza el tiempo que ha transcurrido desde que se dio la contratación para la empresa encargada de construir los puentes Mabey.
El caso podría prescribir, según lo establece la norma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
“Yo soy del criterio que el Ministerio Público no debe rechazar nada”, señaló Gómez, al referirse a la denuncia interpuesta de corrupción presentada por el diputado José Blandón.
Gómez aclaró que el Ministerio Público no puede olvidar los aspectos técnicos que la ley señala. El análisis debe ir enfocado en la capacidad que tiene el Estado, para poner a funcionar una investigación que luego resulta prescrita por el tiempo.
El Ministerio Público no puede olvidar los aspectos técnicos que la ley señala. La pena máxima en este tipo de delitos es de 4 años.
Los puentes Mabey fueron comprados durante la administración del ex presidente, Ernesto Pérez Balladares.
