Una investigación exhaustiva a la ley que creó el Servicio de Protección Institucional (SPI), adscrita a la Presidencia de la República, determinará si un civil puede estar al frente de esa organización policial, indicó el Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas.
Actualmente el encargado del SPI es Omar Alvarado, quien ocupa el cargo tras la suspensión por 30 días de José Gómez, debido a los incidentes ocurridos con los afectados y familiares de las víctimas por envenamiento con dietileneglicol. Vargas dijo entender que en la jefatura del SPI no se ha designado a nadie oficialmente.
El defensor del Pueblo evitó responder a si la designación de Alvarado viola los preceptos legales establecidos en la Ley 2 del 8 de julio de 1999.
Recientemente, Alianza Ciudadana Pro Justicia denunció que el gobierno viola la ley, al no designar un civil como director del SPI.
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