La Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa fue convocada para el próximo miércoles para analizar una denuncia por abuso de autoridad interpuesta contra la presidenta de la República, Mireya Moscoso, por Enrique "Chito" Montenegro, dirigente del Frente Nacional contra la Corrupción.
Corresponderá a los legisladores determinar si existen o no los méritos para condenar a la mandataria por el presunto delito que se le imputa.
Montenegro considera que Moscoso incurrió en "abuso de autoridad y extralimitación de funcionarios públicos", al convocar a sesiones extraordinarias a través de un decreto firmado por ella y la ministra de la Presidencia, Mirna Pittí.
Según Montenegro, la norma dispone que para la convocatoria a sesiones extraordinarias, se requiere que haya una resolución del Consejo de Gabinete, lo cual no se cumplió en el caso de las sesiones extraordinarias, que han sido convocadas por la mandataria para la discusión del plan "Mano dura" contra la delincuencia.
Recientemente Montenegro presentó una denuncia contra Moscoso por la convocatoria a sesiones extraordinarias, la cual fue desestimada por la Comisión de Credenciales por carecer de fundamentos.
Para el jefe de Servicios de Administración Forestal de la ANAM, en Panamá se tilda la extracción forestal como dañina. Esto no es cierto, afirma, porque esta es una actividad económica que genera desarrollo sin deteriorar el bosque. "Es un mito que la deforestación en Darién es producto de las concesiones que allí se mantienen".
En el país ya se han identificado los ecosistemas más importantes del país y han sido incluidos dentro de las áreas protegidas, sobre las que no hay aprovechamiento forestal, pese a que ese 32% de bosque tiene que contribuir también al desarrollo nacional.
Actualmente se cuenta con dos millones de hectáreas de tierras deforestadas, para las que se ha destinado una política de reforestación y agroforestería para incorporarlas al desarrollo.
Explica que para somete a los bosques naturales a la producción nacional deben contar con tres instrumentos esenciales. Primero el interesado tiene que hacer un inventario forestal para determinar si el bosque tiene recursos que permitan la producción a largo plazo con rentabilidad económica, un plan de manejo usando los criterios para la extracción sin comprometer la capacidad ecológica y la estabilidad del sistema, para lograr producción sostenible. También debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, que es el instrumento técnico que debe reflejar los impactos sociales, económicos, ambientales, ecológicos que generará el proyecto una vez ejecutado.
Actualmente muchas solicitudes para someter bosques a producción han sido rechazadas.
Una vez aprobados, se dan por contrato y áreas específicas y son de obligatorio cumplimiento, pues existen sanciones, como la eliminación del contrato. Sólo se da permiso para cortar árboles maduros dejando los desarrollados y que están en mejores condiciones.
Algunos empresarios no los están cumpliendo, reconoce el funcionario. En estos momentos se analiza un contrato que podría ser rescindido si se comprueban las irregularidades.
