La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, aseguró ayer que existe una anarquía en el manejo de las legislaciones en instituciones públicas, ya que no hay establecido normas ni reglamentos internos para su manejo.
Fletcher aseguró que es necesario revisar todas las normas relacionadas con los servicios dados a los ciudadanos en las instituciones del Estado, ya que en muchas dependencias públicas no existe uniformidad cuando se presenta alguna solicitud.
Explicó que existe una gama de problemas surgidos entre la relación de las instituciones gubernamentales y el servicio dado a los ciudadanos. Agregó que se deben aplicar procedimientos claros, y por ello se presentará un proyecto de ley de procedimiento administrativo general, para agilizar y uniformar las obligaciones de los funcionarios.
Señaló que en muchas ocasiones en lugar de facilitar el servicio, hay instituciones que obstaculizan y entorpecen la utilización de algunos servicios que son un derecho para el ciudadano y que deben ser dados de forma expedita.
La propuesta tiende a imponer la acción de cumplimiento en aquellos casos donde los funcionarios no realizan su trabajo y con la nueva ley, se aplicarán mecanismos para obligarlo a la ejecución de sus deberes.
También tiene como fundamento eliminar la burocracia, aplicando un mayor control de los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones. Según los estudios realizados existen algunos funcionarios que se resisten a la fiscalización de sus actividades.
En ese sentido el Magistrado Edgardo Molino Mola, detalló que tradicionalmente los gobiernos y los funcionarios de mando se han opuesto a la aplicación de este tipo de legislaciones para vigilar sus actividades.
Agregó que por ello muchas de estas iniciativas no son aprobadas por la Asamblea Legislativa, por la renuencia del sector gobierno a que exista una fiscalización de la actividad de los funcionarios en todas sus funciones.
Según se informó el proyecto será presentado en el mes de abril ante la Asamblea Legislativa, para que se permita acoger en una sola norma la reglamentación operacional de las diversas instituciones del Estado.
Trascendió que previamente el proyecto será sometido a la consideración del Colegio Nacional de Abogados y a otros gremios de abogados para que realicen aportes y recomendaciones sobre posibles modificaciones.
