En primera instancia ANCON había demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la Resolución de Gabinete No. 123, pero este recurso no fue admitido por el magistrado Winston Spadafora el pasado 2 de septiembre, por lo que se encuentra en apelación.
El fundamento de Spadafora fue que esa resolución no era impugnable ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, pues se trataba de un acto preparatorio del contrato que se celebró entre el MOP y CUSA.
No obstante, ANCON en la nueva demanda presentada precisa que nada justifica la prisa por realizar la construcción, obviando el proceso de licitación pública con el argumento de que existía "urgencia evidente" para hacer la obra, tal como se alegó cuando se aprobó la resolución que autorizó el proyecto.
Además que el contrato ya fue publicado en la gaceta oficial, lo que permite ser demandado.
La apelación se hizo para que el resto de la Sala Tercera se pronuncie al respecto y los otros dos magistrados, Arturo Hoyos y Adán Arnulfo Arjona, decidan si confirman o revocan el criterio del magistrado Spadafora.
En la demanda se hace referencia a otra norma infringida como fue el artículo 3 de la Ley Forestal, porque se ha obviado el precepto por el cual el Estado debe proteger y conservar los recursos forestales del país.
ANCON pidió que se suspenda provisionalmente los efectos del contrato, pues existe temor ante la posibilidad que las maquinarias apostadas a ambos lados del parque entren a trabajar intempestivamente.
Por lo contrario, el equipo se alquiló a un "subcontratista que se encontraba extrayendo material para proyectos en el área de Farallón". Eso dice la queja.
Agrega, "dicha fuente es conocida, tanto por las autoridades municipales como por la ANAM, quienes son los que regulan y suministran los permisos para la extracción".
Antonio Jiménez es el subcontratista citado en la nota de COHISA. De lo dicho por el representante de la compañía se puso en conocimiento de inmediato a las autoridades de ANAM y MICI, justo cuando se observaba el área de extracción.
Lo primero que fue aclarado es que esa fosa ha sido tema de discusión, más de una vez, con el municipio. "Como son terrenos que no están cercados la gente cree que son "tierra de nadie" así que entran y extraen material selecto sin ningún control", explicó Pérez.
Por su parte, el ingeniero Juan Jaén, de ANAM, negó que esta institución haya emitido algún permiso para esta extracción. "Debió tener el aval nuestro para efectuarse, consecuentemente es ilegal".
No obstante, añadió, en un momento dado, de cumplirse con los requerimientos establecidos, se podría conceder la autorización respetando el procedimiento pertinente, incluso sería posible remediar algunos problemas generados por la extracción indiscriminada.
Jaén fue uno de los funcionarios enviados al área después de la alerta de El Panamá América. Recuerda que aquel día la máquina ya no estaba pero todo indicaba que había sido retirada hace poco tiempo.
Estaban claros en que ANAM y MICI no habían permitido la excavación, faltaba aún consultar al alcalde de Antón, a quien encontramos en su despacho a eso de la 1:00 de la tarde. Aristides Rodríguez, la máxima autoridad del distrito de Antón,fue enérgico en sus declaraciones. "Si yo hubiera emitido algún permiso para extracción en ese sector no hubiera ido a inspeccionar apenas me enteré y así lo hice".
Lo expresado por COHISA en el documento enviado a nuestro redacción era desconocido por Rodríguez, por lo que tradujo la acción en una evidente "evasión de impuestos municipales".
Adelantó además que tanto el arquitecto supervisor de obras de la compañía, que firma la nota, como el subcontratista citado por ésta, serían llamados a la Alcaldía de Antón, con lo que los ingenieros de ANAM y MICI mostraron su anuencia.
Ya en Panamá se consultó al arquitecto José Manuel Horna de COHISA. Confirmó, en principio, que se trataba de su subcontratista, quien "nos dijo que tenía todos sus permisos".
El subcontratista, Antonio Jiménez, con quien se conversó vía telefónica, dijo que "el día que estaba la retroexcavadora allá se estaba empezando a remover el material no para Farallón sino para un área en Río Hato".
"¿Y los permisos?", preguntamos, a lo que Jiménez responde "bueno... ese permiso yo lo tenía que tramitar ese día porque todavía no había movilizado camiones. Cuando usted estuvo por allá el hombre de la "retro" se asustó y se fue para COHISA, así que lo poquito que removió se quedó allí".
Dijo también que "hasta el momento todo el mundo ha extraído material de allí, con o sin autorización. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer sin permisos, sólo que tenía que desplazarme a solicitarlos".
Reiteramos entonces "¿cuándo la retroexcavadora fue encontrada allí usted no había tramitado el permiso?" y Jiménez contestó "estaba en eso"...
Lo anterior, el ingeniero Pérez del MICI, ya lo había advertido. "La gente lo que hace es venir jueves y viernes a remover y los sábados y domingos, cuando no trabajamos, meten los camiones y se llevan el material".
Al consultar nuevamente a Horna, de COHISA, aclaró que "ese material que él estaba extrayendo no era para nosotros. Lo llamé subcontratista porque es una persona que uno conoce. Nosotros no tenemos nada que ver con él en ese asunto. Tiene razón debimos referirnos a él como un cliente".
