Corresponsal
Washington.- Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitará Panamá en julio o agosto para estudiar la situación de la libertad de prensa en este país, luego de presentarse un informe en el que se incluyen varias denuncias sobre violaciones a este derecho humano universal.
El gobierno de Panamá figura entre los que no han creado todavía un clima propicio para el pleno desarrollo y reconocimiento de este derecho, hecho que está plasmado en el informe emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, nuevo mecanismo del organismo regional.
Los gobiernos de Chile y Perú también aparecen en este informe, y según se informó a El Panamá América, el Relator Especial, el jurista argentino Santiago A. Cantón, visitará el sur y Panamá, acompañado por integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para estudiar la situación más a fondo.
"El Relator y miembros de la comisión se sienten obligados a estudiar a fondo situaciones donde aún existen leyes de desacato para limitar la expresión de ideas, y Chile y Panamá figuran en esa lista", confió un funcionario a este corresponsal.
El informe de Cantón, que fue adoptado por aclamación durante la reciente Asamblea General de la OEA celebrada en Guatemala, destaca que en Panamá "sigue existiendo una legislación anacrónica en
materia de libertad de expresión e incompatible con la Convención Americana y otros instrumentos internacionales".
Señala que en Panamá existe "un andamiaje legal que limita seriamente la libertad de expresión" y añade: "Es indispensable que se revise toda la legislación de prensa, y se adecue a lo establecido en el artículo 13 de la Convención".
Refiriéndose a la multa de diez mil balboas impuesta por el Tribunal Electoral a la Editora Panamá América S.A. (EPASA), como infractora del artículo 177 del Código Electoral que establece que para que una "encuesta política pueda ser divulgada públicamente, deberá estar previamente inscrita", señaló: "La Relatoría considera que la exigencia del Tribunal Electoral sobre la inscripción previa de las encuestas antes de ser publicadas podría ser considerado un caso de censura previa".
Cantón resaltó que Panamá figura entre los países que aún mantienen vigente leyes de desacato a la vez que la Asamblea Legislativa continúa considerando reglamentar el ejercicio de la profesión de periodista,
limitándola a poseer un título académico en la materia, medidas que han sido criticadas por distintas organizaciones profesionales internacionales, inclusive la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Freedom Forum.
En este contexto, el Relator reiteró el Articulo 13 de la Convención de Derechos Humanos, que dice:
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
En el caso de Panamá. el Relator afirma que tienen conocimiento de que también existe un gran número de acciones judiciales iniciadas por parte de funcionarios públicos panameños en contra de periodistas, casos en los que existe una clara intención de silenciar mediante la presión judicial a aquellos periodistas críticos del gobierno.
