En agosto pasado, la cacica suplente Mijita Andrade querelló ante el Ministerio Público a la cacica general, Silvia Carrera, por incurrir en supuestos delitos contra la administración pública.
En la querella, Andrade dejó claro que el pueblo ngäbe no estuvo de acuerdo con las negociaciones a las que llegó la cacica de aprobar la Ley 11 que prohíbe la minería dentro de los límites y áreas conexas a la comarca.El recurso incluyó a los dirigentes Alberto Montezuma, Rogelio Montezuma y Ausencio Palacios Pineda, miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del pueblo ngäbe-buglé y campesino.
