Establecer medidas de protección para las personas que realicen denuncias sobre delitos contra la administración y fe pública, es el objetivo de un anteproyecto de ley que fue presentado en la Asamblea Nacional (AN).
Se trata de darle un respaldo a aquellos funcionarios que denuncian irregularidades, que son conocidos como los "alertadores" o whistleblowers en Estados Unidos, y cuya función es alertar al Estado sobre la comisión de delitos públicos.
"(...) para ello deben existir las garantías necesarias para que estas personas puedan hacer las denuncias con libertad y sin temor”, dijo el diputado, José Antonio Domínguez, quien presentó el anteproyecto.
Domínguez explicó que los funcionarios conocen el manejo de las instituciones en que laboran, pero que al descubrirse alguna anomalía y señalarlo, quedan desprotegidos ante los superiores con mando y jurisdicción.
