El anticastrista Pedro Crispín Remón, quien cumple una condena en el centro penitenciario El Renacer, abogó por que se promulgue la nulidad del juicio, al conocer la reasignación del juez suplente José Hoo Justiniani, del Juzgado Quinto de Circuito, ramo penal, quien renunció al cargo.
Remón, quien fue condenado junto a Luis Posada Carriles y otros dos cubanoamericanos, hizo una serie de consideraciones en una nota enviada a El Panamá América en la que señaló que "el reasignar a un Juez que ha renunciado aduciendo presiones internas y externas tiene base suficiente para que se promulgue la nulidad de este arbitrario juicio".
"Para nadie es un secreto que los servicios de inteligencia del dictador de Cuba, Fidel Castro, han usado sus vínculos con grupos de izquierda de Panamá y sus amplias relaciones comerciales en este hermano país", manifestó Remón.
Agregó que esto produjo que se ejercieran presiones en este caso "sobre el Órgano Judicial, el que en varias ocasiones ha cometido arbitrariedades que violan los artículos 7.5 y 8.1 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Judicial y la propia Constitución panameña".
El cubanoamericano brindó estas declaraciones luego de conocer que el juez Hoo Jusitiniani había sido reasignado al caso, luego de presentada su renuncia, la que fue acogida por la magistrada Elvia Batista, presidenta del Segundo Tribunal de Justicia.
El citado juez debe permanecer en el caso ante las apelaciones presentadas por los abogados defensores, pero actualmente continúa como suplente de los magistrados del Segundo Tribunal.
El abogado Rogelio Cruz, representante legal de los cuatro cubanoamericanos, presentó una apelación ante el tribunal por considerar que las penas aplicadas son excesivas.
A los anticastristas cubanos se les aplicó una condena de ocho, siete y cuatro años de prisión, las que cumplen en el centro penitenciario El Renacer.
El juez consideró que Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez son responsables de los delitos contra la seguridad colectiva, que implica peligro común y falsificación de documentos públicos, y por ello les aplicó una sanción de ocho años de arresto, ante la acusación de un atentado terrorista contra Castro en la ciudad de Panamá.
El legislador Edy Londoño denunció a la legisladora electa del Partido Arnulfista, Mireya Montemayor, del circuito 9-5 de Cañazas-Las Palmas en Veraguas, por una supuesta compra de votos.
El arnulfista Hernán Delgado del circuito 8-4, anuncia que impugnará la elección de Tomás Gabriel Altamirano Duque Mantovani, del PRD, por un supuesto fraude en la Junta Circuital de Chepo.
El legislador arnulfista Carlos Santana del circuito 9-1 en Veraguas, impugnó la proclamación del candidato Rubén De León.
El fiscal electoral, Gerardo Solís denuncia la existencia de una chequera emitida por Contraloría General por más de B/. 100,000 a nombre de una junta comunal inexistente en la provincia de Darién. Supuestamente, estos y otros fondos favorecieron a legisladora re electa Haydeé Milanés de Lay.
La H.L. Teresita de Arias, del Partido Popular denunció ante la Fiscalía Electoral la posible compra de votos en el circuito 8-9 con cupones del Super 99. Ese día funcionarios de la entidad allanaron las oficinas del legislador Osman Gómez en Puerto Armuelles, Chiriquí tras una denuncia anónima de compra de votos para su reelección.
El ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, atribuye los inconvenientes y denuncias que se originaron por la adjudicación de curules legislativas a la falta de preparación de las personas involucradas con el conteo. El fiscal electoral, Gerardo Solís, pide al Tribunal Electoral la anulación de las elecciones en el circuito 5-1 de Darién.
En el circuito 8-1 de Arraiján, miembros del PRD y el Partido Popular pidieron la revisión de las cifras para anular la proclamación del candidato José Pepe Hill.
La legisladora del PRD, Maribel Coco, presentó una impugnación contra el acto de proclamación del legislador Franz Wever, también del PRD, tras asegurar que en la Junta de Escrutinio hubo muchas irregularidades.
El legislador arnulfista Carlos Santana presentó una impugnación en contra del legislador electo Rubén De León del circuito 9-1 en Veraguas, porque unos simpatizantes de De León, irrumpieron en la Junta de Escrutinio y amenazaron a sus miembros para que hicieran una nueva proclamación.
El secretario general del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, hizo pública unas supuestas pruebas que vinculan al legislador perredista, Carlos Alvarado, en un caso de compra de votos. Afirmó también que hubo malos manejos de dinero del Estado en juntas comunales de Las Tablas, Chitré, Los Santos, Aguadulce, Santiago, Chiriquí, destinados a becas, bonos de comida y hasta efectivo, para beneficiar a candidatos oficialistas.
El candidato a legislador del circuito 4-3 Santiago Fundora presentó una impugnación a la proclamación de la Sra. Jazmina Guillén de O Brien por presuntas anomalías en el conteo de 10 mesas y porque se anularon 3 de las 23 actas correspondientes.
La frustración por la derrota dio paso a la rabia y a la falta de control de algunos activistas políticos durante las pasadas elecciones.
Sus exabruptos no pasaron desapercibidos y afortunadamente fueron controlados por las autoridades competentes, quienes evitaron que pasaran a mayores.
Los más sonados son dos casos supuestamente provocados por activistas del partido Arnulfista.
Los culpables tendrán que ser juzgados, y dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los involucrados, las penas que les aplicarán serán de hasta tres años de cárcel.
El corregimiento La Represa, en La Chorrera, fue uno de los escenarios. Allí golpearon a una funcionaria del Tribunal Electoral, quien tuvo que ser remitida a un hospital.
Los magistrados del Tribunal Electoral autorizaron el levantamiento del fuero electoral al representante Jorge Castillo García, acusado de irrumpir violentamente en la Junta Comunal de Escrutinio La Represa para apoderarse de las actas y así afectar el resultado de las elecciones.
El otro incidente sucedió en Chepo, cuando tres simpatizantes del candidato oficialista Hernán Delgado, atacaron a una delegada electoral. Ellos fueron condenados a 48 horas de arresto.
En Veraguas activistas del PRD y el Partido Arnulfista se empujaron y discutieron en la proclamación de los dos legisladores electos del circuito 9-1. Los policías evitaron que los revoltosos se tomaran la mesa de los miembros de la Junta Circuital de Escrutinio.
