El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, exigió ayer al gobierno que preside Mireya Moscoso, el inicio de una investigación en el caso de supuestas irregularidades en la entrega de los certificados de operación o cupos otorgados no sólo durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, sino también del período de Guillermo Endara.
A juicio de Antinori, las irregularidades y los escándalos denunciados en el otorgamiento de los cupos de taxis, afecta a la comunidad en general, independientemente del caso de corrupción en el que se encuentra aparentemente involucrado el transportista Jorge Shailer.
Se refirió al escándalo descubierto el año pasado en la provincia de Veraguas, donde al parecer se vieron involucrados algunos legisladores y líderes de esa parte del interior del país.
Destacó que un hecho similar se verificó en la provincia de Bocas del Toro, en donde aun sin concluirse un proyecto vial, ya se habían otorgados una serie de certificados de operación y que favorecían a un político local.
Iguales denuncias, dijo Antinori, se han recibido de las provincias centrales y demás regiones del país, por tanto destacó que esta investigación debe realizarse de manera sensata y basados en lo que estable la ley.
Precisó que es necesario que esta investigación aclare las irregularidades denunciadas en el otorgamiento de los certificados de operación, por lo que lamentó que cuando se denunció el hecho las autoridades competentes no iniciaron los trámites para esclarecer el caso.
Para Antinori, una investigación previa y oportuna hubiese podido evitar la situación por la que atraviesa los gremios transportistas y por ende los conductores.
"Es necesario aclarar la realidad, y es que existe una gran cantidad de taxistas y transportistas que se sienten descontentos con la gestión de Shailer y que no se puede negar ni ocultar, por lo que esperamos que se resuelva cuanto antes", advirtió.
Por otro lado, confió en que el actual gobierno dé inicio cuanto antes a las investigaciones, para lo que la Defensoría del Pueblo realizará el esfuerzo para que se aclare la situación.
Destacó que la entidad solamente admitió el año pasado las denuncias recibidas contra el Sindicato de Conductores de Taxis Pequeños (SINCOTAPE) que encabeza Shailer y no se presentaron contra el también dirigente transportista y legislador oficialista Marcos González.
Antinori manifestó que la Defensoría del Pueblo mantiene las pruebas recabadas en la investigación efectuada en la provincia de Veraguas, donde se detectó que funcionarios con salarios públicos mantenían en su poder cupos, desfavoreciendo con ello a cientos de los llamados palancas y transportistas.
Advirtió que la institución solamente puede denunciar las irregularidades, ya que de mantenerse pruebas por corrupción en el manejo de los cupos es necesario que se interpongan las denuncias ante el Ministerio Público.
Las investigaciones, dijo el Defensor del Pueblo, podrán ampliarse para mayor beneficio a los últimos 10 años, ya que la sociedad reclama transparencia.
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