La directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, aseguró que no existe oposición a que la ley que impide tener acceso al récord policivo de las personas puede ser revisada y analizada su efectividad, luego de dos años de haber entrado en vigencia.
La declaración surge en respuesta a recientes comentarios del procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, y el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Rodolfo Aguilera, quienes coinciden en la necesidad de aplicar reformas a la ley.
Según las autoridades, la norma pone en peligro la seguridad de los ciudadanos honrados, ya que al contratar un personal se desconoce la clase de persona a la que ha empleado.
Mientras que Magaly Castillo tiene una opinión muy contraria, según ella, los argumentos de Sossa y Aguilera es porque se está legislando con la emoción del momento y de manera apresurada, a pesar de eso reconoce que es necesario aplicar medidas preventivas contra el crimen.
"Integremos la comisión que revise la efectividad de la ley y sus fallas, pero que no se hable contra ella porque salió un caso en los medios de comunicación y respondemos sin atender al problema de la criminalidad".
Se ha cuestionado que al no permitir acceso al historial delictivo de una persona condenada por delitos graves, puede poner en riesgo la seguridad de quienes serán sus superiores y compañeros de trabajo.
Con las recientes críticas se busca aplicar una reforma a esta legislación, en donde se permita establecer una fórmula para analizar la información de personas con récord policivo peligroso y en donde se requiere alertar a quienes se encuentren cerca de ellos. La inquietud surge a raíz del reciente caso de secuestro resuelto por los estamentos de seguridad del Estado, donde los padres de los menores pudieron estar alertados si hubiesen conocido que uno de sus empleados había sido investigado por delito contra el patrimonio.
Sin embargo, Castillo consideró que no se puede estereotipar a todas las personas que en alguna ocasión ha delinquido, con casos aislados que han ocurrido recientemente, como el secuestro ya mencionado.
Dijo que se debe tener en cuenta el resultado que ha tenido la ley para incorporar en la sociedad a delincuentes reformados y que esta ley se hizo con el interés de que a estas personas no se les negara la oportunidad a trabajar.
Aseguró que ya a dos años de haber aprobado esta ley, propuesta por la Comisión de Justicia y Paz, la cual presidía, se hace necesario un análisis de la efectividad, para así determinar si ha sido útil y contraproducente.
y dependiendo de sus resultados nuevamente se puede integrar la comisión para posibles reformas y la aplicación de nuevas normas.
"El sistema de justicia puede hacerlo perfectamente, analicemos si la ley ha sido efectiva y positiva y veamos los casos", destacó Magaly Castillo.
Dijo que lo importante es determinar qué reflejan las estadísticas sobre reincidencia de las personas que salen de los centros reclusorios y evidenciar si se hace necesario retornar al récord policivo.
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