Los campesinos de las áreas consideradas para una ampliación de la cuenca del Canal de Panamá preparan nuevas protestas para el otro año en rechazo a este proyecto, anunció el vicepresidente de la Coordinadora Sector Río Indio (Coclé del Norte), Hilario Sánchez.
"Nosotros tenemos varias opciones y vamos a estar preparando nuevas marchas y nuevas protestas para el año 2003", declaró Sánchez, al asegurar que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) está llevando a cabo los planes de expansión del Area de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) y de proyectos neoliberales que van en detrimento del pueblo panameño, especialmente de los campesinos.
"Siempre hemos luchado pacíficamente en las calles, ya hemos hecho tres vigilias con varias manifestaciones y esperamos que el gobierno actual tome conciencia del daño que le está haciendo a los campesinos, lo que va a tener repercusiones muy graves en el futuro si no toman en cuenta los intereses de estos panameños", dijo Sánchez.
Según los dirigentes de los campesinos de las áreas consideradas para la ampliación de la cuenca del Canal interoceánico, más de 150 mil habitantes serían afectados, de los cuales 100 mil de forma directa y el resto sería desplazado de las áreas campesinas de la Costa Abajo de Colón.
También aseveran que desde 1999, cuando fue aprobada la Ley 44, ya la ampliación de la cuenca interoceánica era un plan definido. "Ese plan no lo han podido ejecutar porque los campesinos nos hemos opuesto", puntualizó Sánchez.
Agregó que no cuentan con un presupuesto para cubrir los gastos que involucra la recolección de esta basura, por lo que han tenido que utilizar una parte de la tasa de aseo que pagan los ciudadanos y las asignaciones que reciben por parte del gobierno.
Actualmente se recoge un promedio mensual de 106 toneladas de desperdicios, por lo que le piden al MINSA considerar la posibilidad de proporcionarles un presupuesto para comprar otro vehículo que cuesta aproximadamente medio millón de dólares, pues las necesidades en el área de salud van en aumento.
Por otro lado, se refirió a un incidente en una clínica privada en la que un empleado al recoger la basura (desechos comunes) se puyó, por no contar con un programa de segregación apropiada de los desperdicios. Esto ha provocado que los juzgados de aseo visiten las clínicas para obligarlas a cumplir con lo que exige la ley.
Saénz enfatizó que a los empleados se les proporciona guantes, botas, mascarillas, gorras, delantal y tienen un programa de vacunación cada seis meses contra todas las enfermedades de las que puedan infectarse. Comentó que los empleados deben bañarse al entrar y salir con agua caliente, su ropa es lavada en una tina especial y no pueden llevársela a su casa.
Además de esto, cuentan con un seguro de vida que les da la institución que va de los 10 hasta los 40 mil balboas y tienen otro seguro especial por este tipo de trabajo.
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