Alrededor de 70 vallas publicitarias permanecen ubicadas en la ruta hacia el puente Centenario, a pesar de las reclamaciones surgidas de diferentes sectores de la sociedad.
Esta vía estaba protegida de anuncios publicitarios mediante un decreto alcaldicio de 2005; sin embargo, fue derogado por el ex alcalde capitalino encargado, Iván Arrocha, a seis días de las elecciones generales.
El Decreto 316 del 28 de abril de 2009 establece que la norma anterior se "derogue en todas sus partes", lo que permite así la instalación de estructuras publicitarias en las áreas contiguas a las vías de acceso Este hacia el puente Centenario.
Según Arrocha, la medida adoptada era por la "necesidad de incorporar más áreas para la explotación de la actividad de publicidad exterior".
También alegó que la decisión permitiría "la proyección" de la actividad fuera de las áreas de la ciudad, con el propósito de descongestionar visualmente algunos sectores afectados.
El pasado 23 de julio, la Alcaldía capitalina confirmó que había otorgado a la empresa Infinity Outdoors Corp., la autorización para colocar 40 vallas tipo unipolar en la vía que conduce al Centenario.
La empresa fue creada el 2 de abril de 2009, pero el mismo día en que se aprueba el decreto que libera las áreas restringidas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) autoriza que se coloquen 34 vallas publicitarias en el tramo Oeste del Puente Centenario. El Municipio de Arraiján confirmó la autorización el 11 de mayo.
La directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Raisa Banfield, solicitó a las autoridades investigar si se trata de un "negociado político".
Proceso.
En tanto, una demanda por nulidad por "ilegal" reposa en la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto promulgado por Arrocha, pero aún no se ha fallado.
El 20 de julio pasado, el alcalde capitalino, Bosco Vallarino, a través de una nota a la Corte comunicó su apoyo a la decisión de Arrocha de levantar la restricción sobre las vallas en el entronque con la vía que conduce a Cerro Patacón hasta el puente Centenario y viceversa.
Vallarino además informó -un día antes de que venciera el plazo- al magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, Adán Arnulfo Arjona, que era del "criterio" que el decreto "cumple con todas las formalidades constitucionales y legales que se le atribuyen al Alcalde", quien en ese momento era Arrocha.
No obstante, siete días después, las alcaldías de Panamá, Arraiján y La Chorrera firmaron una resolución en la Gobernación de Panamá en la que establecen que el MOP tiene "competencia privativa y exclusiva a nivel nacional" para autorizar y aprobar por escrito, la instalación de estructuras en las servidumbres, siempre y cuando se trate de una "infraestructura para los servicios públicos".
