La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) remitió al presidente electo, Martín Torrijos, el borrador de lo que sería un nuevo decreto ejecutivo para derogar el emitido por la mandataria Mireya Moscoso y que regula la Ley de Transparencia.
Enrique Arturo De Obarrio, presidente del gremio, sustenta la iniciativa señalando que en base al liderazgo de la APEDE en la comunidad y sin afán de protagonismo, se han reconocido dos hechos concretos que han marcado, ambos, un hito histórico en el devenir de Panamá.
Estos han sido la Ley de Transparencia y el Pacto Ético Empresarial de Panamá, que fue suscrito el 21 de octubre del año pasado por los representantes de los principales gremios del sector privado panameño, que contiene también los denominados Principios Básicos de Ética Empresarial.
La APEDE, según su máximo dirigente, aplaude la propuesta del presidente electo durante su campaña de "cero corrupción".
La ley de intereses preferenciales logró que el comprador tenga una casa a bajo precio con niveles muy por debajo del interés normal, situación que perjudicó a las casas usadas.
Según el presidente de ACOBIR, la mayoría de los compradores no saben que si adquieren una vivienda que no esté dentro del interés preferencial, lo que paga en intereses a un banco se puede reducir del impuesto sobre la renta.
Este punto ayudará a los corredores a venderlas.
Cabe mencionar que la futura ministra de Vivienda, Balbina Herrera, anunció que en su gestión se hará una revisión de la ley de intereses preferenciales. Se debe analizar cuánto perjudicará la revisión, a las ventas de las casas usadas.
Aunque el sector de bienes raíces se muestra optimisma, los economistan insisten enque el próximo año no habrá incentivos que estimulen la construcción.
La razón, las bienes raíces no tendrán beneficios fiscales, como la exoneración del impuesto sobre inmueble.
Marco Fernández dijo que todo auge tiene un límite y el sector de la construcción debe estudiar hacia dónde crecerá la demanda y así fortalecer otros sectores necesarios para garantizar el crecimiento del sector por muchos años.
Como es conocido, la Ley 61 del 26 de diciembre del 2002, por la cual se dictan medidas de Reordenamiento y Simplificación del Sistema Tributario Panameño, contribuyó a la reactivación del sector.
Los inversionistas basados en la reducción de los periodos de exoneración del impuesto de inmuebles, adelantaron sus proyectos para ser sujetos a la exoneración.
Debido a que la oferta sería mayor que la demanda, INDESA previó un incremento del 15 % en el costo de las viviendas y locales para los próximos meses. Las viviendas baratas son el nicho de la demanda potencial o real, porque la oferta se ajusta rápido a los cambios en la demanda.
Hacia el 2005 se estima que la industria retomará su dinamismo por la generación de nuevos proyectos de viviendas, pero no así por la edificación de nuevos centros comerciales.
Las empresas constructoras están enfocando su mercado hacia las afueras de la ciudad.
El área de La Chorrera y Arraiján se ha sobrepoblado de viviendas, así como también el sector de Tocumen.
Se espera que así como la construcción se está inclinando hacia esos puntos, los locales comerciales estén ubicados en esos sitios.
Esto podría garantizar una ocupación inmediata por parte de inversionistas que saben que en esos lugares la competencia es poca.
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), muy en desacuerdo con los temas de una desaceleración del sector afirma que se construirán 300 mil unidades de viviendas en los próximos 10 años.
Si se proyectan 300 mil casas a un promedio de 16 mil dólares por cada unidad habría un potencial de 300 a 400 millones de dólares por año en viviendas.l La Ley de intereses preferenciales fija un subsidio que se otorga por la compra de viviendas nuevas cuyo valor sea inferior a los 62,500 dólares.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
