Tanto usuarios como empresarios evalúan la posibilidad de solicitar al presidente de la República, Martín Torrijos, el veto para el proyecto de ley No. 269, que regulará el sistema de transporte en Panamá.
Ayer, dirigentes de usuarios, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), entre otras organizaciones, se reunieron para evaluar, artículo por artículo, las deficiencias de la ley.
En ese sentido, los usuarios están preocupados debido a que temen que la indemnización a los transportistas sea pagada por los pasajeros.
El artículo 2 del proyecto establece que los transportistas que no quieran participar del proyecto de modernización serán indemnizados por la nueva empresa concesionaria encargada de la modernización.
Sin embargo, como aseguran los usuarios, esta inversión que haga la nueva concesionaria en materia de indemnizaciones se cobrará a través de un elevado precio del pasaje, cuando empiece a funcionar el nuevo sistema de transporte público.
David Ramírez, dirigente de los usuarios, cuestionó el hecho de que sean los pasajeros quienes paguen las indemnizaciones a los transportistas, aunque no hayan prestado un buen servicio.
"Debe ser el Estado el que pague estas indemnizaciones y no los pasajeros", agregó.
