Las clases del Colegio Abel Bravo en Colón continúan suspendidas. El paro inició el pasado miércoles 6 de agosto y para hoy lunes, en la Asamblea General, los docentes con los padres de familia y estudiantes tomarán una decisión sobre la suspensión de clases.
Leopoldo González, secretario general de la Asociación de Profesores del Colegio Abel Bravo manifestó que desde las 7:00 de la mañana estarán reunidos con los estudiantes y sus padres para dar a conocer los últimos detalles luego de las reuniones con las autoridades educativas.
Dijo que a las 4:00 de la tarde esperan la presencia de otras autoridades educativas, como la directora regional Inés Salcedo, la gobernadora Luciana de Policany, la alcaldesa Matilde de Ardines, los legisladores y servidores públicos que tienen que ver con esta institución.
Señaló que esta Asamblea General será de gran ayuda, porque sentirán que no están solos, sino que la comunidad estaría integrada, "por eso queremos que para el próximo año fiscal dentro del presupuesto nacional se contemple el seguimiento de esta remodelación ya que el Ministerio de Educación (MEDUC) otorgó unos B/.100 mil".
El viceministro de Educación Adolfo Linares se reunió con los docentes del Abel Bravo y les informó que para este año se les podía ofrecer unos 100 mil balboas.
Linares indicó que desde 1996 hasta el 2003 a este colegio se le había entregado con la Ley del Seguro Educativo un millón y medio de balboas, y aclaró que no es cierto que el plantel no ha recibido ayuda. Indicó que "jamás han abandonado el colegio, y sólo se les planteó la preocupación sin acusar a nadie, que no puede ser que con tanto dinero estén tan deterioradas las infraestructuras". Solicitó a los educadores que no continúen con la suspensión de clases porque la medida afecta a los estudiantes.
Considera que a partir del año pasado en el Psiquiátrico se inició una política de no permitir la entrada a nuevos pacientes mentales y los que se mantenían recluidos y que podían manejarse con medicación eran entregados a sus familias para que los atendieran.
Esta nueva política incluía la confección de una sala semiprivada donde se recluiría a los pacientes cobrando una suma equilibrada, pero que no se llevó a cabo, denunció.
Dijo que al momento de entregarle a su familiar no estaban preparados para afrontarlo. "Sólo entregaban al paciente y no te decían más", dijo. "Aquí está la lista de los lugares donde puede llevarlo y éste es el mejor" le señalaban.
Luego de recluir a su hijo en el centro privado, su situación de salud ha desmejorado porque lo separaron de sus amistades que había hecho en el psiquiátrico.
"Mi hijo ha desmejorado; por qué se molesta a un anciano recluido en la misma sala, lo mantienen dopado, super lleno de medicamentos para mantenerlo casi adormecido y que no esté inquieto".
Sostuvo que la actividad social de su familiar ha sido reducida, y que la relación con el mundo es sólo estar tirado en una cama y que eso no es justo para pacientes con discapacidades mentales.
Dijo que habían demorado en denunciarlo por temor a que su hijo fuera maltratado, pero que ahora, al no observar mejoría de su familiar y pagando por su atención, se hizo necesario sacar la situación a la luz pública.
Por su parte la directora del Hospital Psiquiátrico, Yadira Boyd, desmintió que en esa institución de salud exista favoritismo para determinado centro privado de atención a pacientes con discapacidades mentales y que esa acusación es de personas que no se quieren hacer responsables de sus pacientes.
Desvinculó al personal médico y administrativo de aplicar una influencia a la hora de recomendar el traslado de un paciente a una casa hogar, y que durante la entrega del documento no existe presión para que la familia acuda a determinado lugar, algo que consideró un "chisme público".
"Estos centros son regentados por la iglesia, otros por médicos y algunos por particulares y existe la oportunidad de escoger, pero nosotros no tenemos nada que ver con la denuncia de supuesta vinculación con una casa hogar en particular", aclaró.
Dijo que hace años, el sistema era cómplice de mantener un reclusorio de pacientes en el hospital, por que muchas familias abandonaban a pacientes sin importarle los derechos que éste tiene como enfermo, incluyendo el derecho de tratarlos sin distinción y con tratamientos humanitarios. Aclaró que los trabajadores sociales de la institución son los responsables de entregar el listado de las casas hogares, pero que no existe preferencia para ninguna en particular.
La doctora explicó que desde el año 2000 con la visita de la Comisión de los Derechos Humanos de la OMS se analizó la política de atender a estos pacientes en Panamá y se consideró que debían hacerse cambios.
Desde ese momento se estableció que los pacientes deben ser atendidos por sus familiares e inició la etapa de reducir la cantidad de internos, por lo que actualmente existen 225 camas y los pacientes activos son 167, de los cuales 37 son agudos, es decir, los que realmente deben estar recluidos en el hospital.
Dijo que estas personas que reclaman atención, años atrás estaban acostumbradas a dejar a su familiar hasta 20 y 30 años en el hospital, lo que ha sido denunciado a la Defensoría del Pueblo por abandono de pacientes. "Que hacen las familias, se llevan al paciente, no le dan el medicamento, el paciente se descompensa y entonces lo trae nuevamente para que lo internemos en el hospital", explicó la directora del psiquiátrico.
Sostuvo que los pacientes de salud mental con buenos medicamentos pueden incorporarse en la sociedad, y que muchos son trabajadores, padres de familia, incluso educadores, por lo que no debe existir la intención de segregar a estas personas de la sociedad, aislándolos en un hospital.
El Psiquiátrico cuenta con un presupuesto de operación de 890 mil balboas, luego del recorte que se le hizo a su presupuesto. Sin embargo destacó, que a pesar de los cambios y la salida de una gran mayoría de los pacientes, se mantiene el mismo personal y sólo han salido los jubilados o removidos.
Según la nueva norma en el Hospital Santo Tomás, hay cuatro pacientes por especialistas, mientras que en el Hospital Psiquiátrico de 35 a 40 por psiquiatra.
La doctora añadió que en varias ocasiones el hospital exonera los medicamentos para estas familias, pero que la nueva política es clara, la atención que brinda es para pacientes de urgencia y de corta estancia, es decir, de unos cuatro meses.
"¿De quién es el pariente?" preguntó la doctora, al mismo tiempo se respondió señalando que "la familia se debe hacer responsable, hay gente que no tiene mucho dinero, apenas si logran mantenerse y atienden a sus pacientes y estas personas que tiene más dinero se quejan".
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