Lo que se inició como una polémica radial entre los legisladores Miguel Bush del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Alberto Cigarruista del Partido Arnulfista por las pruebas antidrogas entre los parlamentarios, parece tener dimensiones inesperadas, ya que el presidente de la Asamblea, Enrique Garrido, dijo que por el bien de la imagen institucional de este órgano del Estado, antes del 31 de agosto se practicará este examen.
Que se preparen, dijo Garrido, porque antes de finalizar su período como presidente de la Asamblea Legislativa ordenará de manera sorpresiva que se practique el examen antidrogras entre los legisladores.
Reiteró que la Presidencia no avisará la fecha, por lo que en cualquier momento podrán ser llamados para la prueba. No se especificó si el examen también incluye a los legisladores suplentes y si es de carácter obligatorio.
No hay una reglamentación que obligue a los legisladores a someterse al examen antidrogas, sin embargo, queda a conciencia de cada uno hacerlo de manera voluntaria, indicó.
La determinación de llevar adelante esta decisión surgió luego que el legislador Bush solicitó a la directiva de la Asamblea que autorice a los directores de los medios de Comunicación Social para que en común acuerdo sometan a los legisladores a las pruebas de antidrogas de manera sorpresiva.
Anteriormente Garrido censuró que Bush se haya precipitado en pedir de manera pública una medida de este tipo, sin haberlo planteado a lo interno de la Asamblea.
Legisladores de diferentes bancadas consideraron como una medida sana y que contribuye a mejorar la imagen de los parlamentarios y de la propia Asamblea, practicar una prueba antidrogas no sólo a los "honorables", sino a todos los funcionarios de este órgano del Estado.
Bush propuso que se les haga una prueba antidrogas a los miembros de la Asamblea Legislativa para determinar quiénes son los consumidores de cocaína, marihuana y otras sustancias ilícitas.
La posibilidad de este tipo de examen recibió el respaldo de todos los legisladores consultados sobre el tema a excepción de Jorge Alberto Rosas, quien prefirió no opinar al respecto.
El legislador arnulfista, Marcos González, aprobó una medida de este tipo, al señalar que la prueba debe hacerse no sólo a los legisladores, sino a todos los funcionarios para que las cosas que se dicen queden claras.
Por su parte, el legislador del MOLIRENA, Héctor Aparicio, señaló que no sabe por qué surgió este señalamiento, pero "no es nada negativo ya que como panameños y funcionarios estamos dispuestos a todo tipo de exámenes de transparencia en su conducta a los parlamentarios".
Aparicio señaló que este tipo de exámenes se han recomendado a otros estamentos del Gobierno y a trabajadores de la empresa privada, así que no ve la razón para rechazar esta prueba.
En tanto, Pedro Miguel González, del PRD, señaló que los legisladores no están por encima de la ley, ni de ningún otro funcionario y por tanto se les debe exigir la prueba, que también debe ser extensiva hasta a la presidenta de la República.
Alberto Cigarruista, del Partido Arnulfista, señaló que ojalá se hiciera, pero en un parlamento esa cosa no cabe, porque la Asamblea está integrada por adultos y cada uno es responsable de su conducta, de sus actos, actos buenos y malos.
Finalmente, el legislador, Francisco Reyes, señaló que está totalmente de acuerdo con una iniciativa de este tipo y deben hacerla de forma obligatoria para todos los legisladores.
La Asamblea Legislativa está integrada por 72 legisladores.
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