Tras el anuncio realizado por el rector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, en torno a que investigan varias universidades privadas por graduar a profesionales del Derecho en dos años y medio, las reacciones no se hicieron esperar.
Mercedes Araúz de Grimaldo, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, consideró positivo que la UP finalmente asuma su obligación de fiscalizadora, por la proliferación de universidades particulares, que con deficientes planes de estudios, están afectando negativamente la calidad del servicio legal en el país.
Mientras que el catedrático universitario Luis Montenegro indicó que la iniciativa es buena porque algunas universidades privadas confunden la responsabilidad de una educación excelente, que cumpla con una formación académica completa a fin de producir un profesional deficiente.
Montenegro se mostró a favor de estas investigaciones y a su vez, abogó para que los planes y programas de la carrera de Derecho que imparte la UP sean revisados, toda vez de que el problema de los abogados con deficiencia ética también se registra en la máxima casa de estudios superiores.
Al respecto, García de Paredes manifestó que con la recién creada Comisión Técnica de Fiscalización que preside el ministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, también se verificarán los planes y carreras que dictan las universidades oficiales.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
