Al parecer, los debates para las reformas al Código Procesal Penal, que deben iniciarse próximamente no serán muy tranquilos, a pesar de que hace más de un año se inició un período de consultas y discusión a través del Pacto de Estado por la Justicia.
Y es que algunas organizaciones de la Sociedad Civil intuyen que este proyecto puede correr la misma suerte que la ley de reforma a la Policía Técnica Judicial (PTJ), en donde no se ha permitido la participación de los principales actores de la administración de justicia.
Magali Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, alegó que existe mucha incertidumbre en cuanto a las discusiones que se producirán y el manejo que se dará a las discusiones.
De hecho alegó que hay dos propuestas: una hecha por el Órgano Ejecutivo y otra promovida por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Ministerio Público, y a la fecha no se sabe si ambas propuestas serán integradas en un solo proyecto.
Planteó que existe una serie de recomendaciones hechas que no han sido tomadas en cuenta y pueden provocar que todo el esfuerzo hecho se pierda.
En el caso específico de los medios electrónicos o la denominada justicia sin papel no se ha definido qué tiempo tardará la implementación de este programa, ni la preparación que se ha dado a magistrados, jueces, fiscales y abogados para el uso de estos nuevos sistemas.
Tampoco ha quedado claro si el Estado tiene los fondos para hacer frente a la instalación de estos sistemas y si todos los despachos judiciales podrán contar con ellos
En ese sentido, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgardo Molino Mola dijo sentir temor ante el abuso de los medios tecnológicos para llevar adelante los procesos judiciales.
Molino Mola alegó que la digitalización de los expedientes propuesta en la reformas al Código Procesal Penal puede provocar la vulneración de la presunción de inocencia e intentos de intervenir en las páginas electrónicas para alterar la legitimidad de las resoluciones.
Sin embargo, estas objeciones fueron rebatidas por Edgar Rodríguez ,de la Secretaria Técnica de Modernización y Desarrollo Institucional del Órgano Judicial, quien aseguró que los nuevos adelantos tecnológicos reducirán sustancialmente los tiempos en el trámite de los expedientes.
Rodríguez, quien trabaja directamente en la realización del proyecto la Justicia sin Papel, que adelanta esa corporación de justicia, estimó que si bien se requiere una fuerte inversión económica para digitalizar el trámite judicial, ello se traducirá en beneficios a corto plazo.
Con la aprobación en tercer debate de la ley de informatización de los procesos judiciales se allanó el camino para la instalación de estas nuevas tecnologías.
Aquí se incluye la firma electrónica, el seguimiento de los procesos a través de Internet, la presentación de demandas electrónicas y las audiencias por video.
Rodríguez aseguró que el próximo miércoles 26 arranca este proceso. Esto estará en funcionamiento al momento que se aprueben las reformas al Código. El pasado año se invirtieron en este proyectos B/ 2 millones y para este se tienen previsto otros B/ 2 millones más.
