EL PLENO legislativo aprobó anoche sin mayores inconvenientes las modificaciones al proyecto de reformas al Código Penal, atendiendo las objeciones hechas por el presidente de la república, Martín Torrijos.
Finalmente se decidió establecer una pena de 3 a 6 años de prisión para el delito de enriquecimiento injustificado en su forma simple y una pena de 6 a 12 años para la forma agravada, es decir, cuando el enriquecimiento supere los B/.100 mil.
También se incluyó la figura del prevaricato de funcionarios judiciales y se aprobó establecer penas de prisión para quien falsifique o altere el permiso o licencia de importación o la fecha de vencimiento de un producto o sub producto para el consumo; las cuales habían sido obviadas inicialmente en el artículo 299 del proyecto.
De igual forma, se modificó el artículo 414, en donde inicialmente se había incluido un término fijo para la reducción de la pena en los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.
El diputado Leandro Ávila se mostró en desacuerdo con parte de las objeciones del Presidente, tras señalar que se debió objetar el proyecto para que en materia de transparencia y combate a la corrupción se equipararan las penas tanto para funcionarios como para los miembros de la empresa privada.
Criticó a representantes de los organismos de la sociedad civil, quienes exigían penas para los servidores públicos, pero que no para los robos y delitos financieros que se dan en el sector privado.
Algunos creen que con este Código Penal los banqueros y quienes cometan delitos financieros, podrán quedarse con dinero de la población por el monto que sea, y recibirán penas bajas de prisión en comparación a las que se están pidiendo que se aplique para los servidores públicos.
Entre las objeciones de Torrijos no se incluyeron los artículos que los periodistas criticaron por atentar contra la libertad de información.
Aprueban cambios a reformas penales
De 3 a 6 años de cárcel pagarán los que se enriquezcan ilegalmente.
