Este lunes la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 28, que establece la obligación en las empresas concesionarias de telefonía móvil, fija, redes de comunicación y similares, de conservar los datos de los usuarios del servicio, y dicta otras disposiciones.
En la primera etapa de la discusión se dieron posiciones encontradas referentes al articulo 2 del documento el cual establece la Obligación de proporcionar la información y los datos que se requieran para la investigación de delitos y la detención y enjuiciamiento de las personas que se vinculen, directa o indirectamente, con la comisión de dichas conductas, previo mandato de la autoridad judicial.
Por su parte, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rigoberto González, está pidiendo que se modifique para que sea el Ministerio Público (MP) quien solicite la información de registro telefónico.
