Un anteproyecto de Ley que reforma el Código Judicial y adopta disposiciones tendientes a combatir los delitos de corrupción e influencias fue aprobado por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
El documento presentado a su consideración por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, establece el delito de tráfico internacional de influencias el cual no existe en Panamá; además aumenta las penas para los casos de peculado, concusión, abuso de autoridad, corrupción de servidores públicos y fraude en las licitaciones públicas.
Este proyecto fue abordado inicialmente por el presidente de la referida comisión legislativa, Rubén Arosemena, quien a su vez lo remitió al asesor legal, Agapito González, a quien corresponderá el establecimiento de las consideraciones pertinentes, para luego ser discutido en el pleno legislativo, en segunda instancia.
La iniciativa judicial contempla sanciones penas de 2 hasta 6 años para aquellos funcionarios públicos o privados que hagan uso indebido de información para obtener provecho personal; mientras que los delitos de malversación de fondos serán castigados con prisión de 15 años, si lo apropiado o estafado supera los 100,000 balboas.
Esta Ley procura incorporar a la legislación penal, las recomendaciones contenidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la República de Panamá.
Además, se establecen normas de carácter procesal relacionadas con delitos de corrupción administrativa, cooperación internacional en casos de soborno y enriquecimiento ilícito. También autorizan el levantamiento del secreto bancario en los casos de investigaciones realizadas en el extranjero y solicitadas a Panamá.
La Comisión de Gobierno aprobó fusionar este proyecto con otro relacionado con normas moralidad pública y prevención de la corrupción administrativa.
Esta iniciativa legislativa introduce el Sistema Unico de Información Personal, que permite un formato único de hoja de vida de los funcionarios que ocupan cargos de manejo en las entidades publicas con énfasis en el derecho a la información y el acceso de los medios de comunicación a las actuaciones de la Administración Pública.
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