Aprueban proyecto contra enriquecimiento injustificado

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate un proyecto de ley mediante el cual se pretende sancionar el enriquecimiento "injustificado" de los funcionarios públicos.
Por medio del proyecto de ley, propuesto por el legislador, José Isabel Blandón, se obliga a todos los funcionarios que ocupen cargos directivos, incluyendo al presidente y los vicepresidentes de la República, a presentar una declaración jurada de su estado patrimonial.
Según el proyecto, los funcionarios deben presentar una declaración jurada diez días hábiles, después de la toma de posesión y otra diez hábiles después de su separación.
Aquellos funcionarios que violen esta norma, serán multados con el equivalente del salario devengado en el cargo, multa que sería acumulativa día a día, mientras dure el retraso en el cumplimiento de esta disposición.
El legislador Blandón, manifestó que con esta ley se pretende acabar con los actos de corrupción, ya que se brinda al Estado una herramienta para combatir el enriquecimiento ilícito.
Mencionó el caso de Manuel Antonio Noriega, que siendo jefe de las Fuerzas de Defensa, tenía un salario determinado, pero poseía diversas mansiones en Panamá y en el extranjero, cuentas bancarias millonarias y un número plural de propiedades a las cuales no podía tener acceso con su salario.
El proyecto define que el enriquecimiento ilícito tiene lugar cuando el funcionario durante el desempeño de su cargo o dentro de los tres años siguientes al término de su labor, se encuentre en posición de bienes, sea por si o por interpuesta persona que sobreponen sus posibilidades económicas o no pueda acreditarlas.
Se aplicaría la sanción, también cuando se demuestre que el funcionario haya cancelado deudas por medio de beneficios adquiridos a través del cargo.
Se dispone que cualquier persona puede denunciar la posible ocurrencia de un enriquecimiento ilícito, ante la Contraloría General, la cual a través de la Dirección de Recuperación Patrimonial (DRP) realizará un proceso administrativo.
Los bienes que constituyen enriquecimiento injustificado, pasarán a ser propiedad de la nación por la sola existencia de una sentencia debidamente ejecutoriada en la esfera administrativa.