Un proyecto de ley para que los pequeños productores obtengan financiamiento para desarrollar programas de reforestación y que al mismo tiempo introduce modificaciones a la Ley 20 de 1995 para permitir que el 5% de los intereses que genere el Fondo Fiduciario sea destinado a un fondo que sea utilizado para financiar este tipo de proyectos aprobó, en segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional Legislativa.
De acuerdo con el legislador Alberto Magno Castillero, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, el proyecto de Ley N° 4 "por el cual se establece el régimen de fomento a la actividad de reforestación para pequeños productores y se dictan otras medidas", busca beneficiar a quienes no están amparados por la Ley 24 de 1992, que sólo beneficia a grandes productores que cuentan con medios propios para el financiamiento de esta actividad.
La ley vigente en materia de reforestación, según el legislador Castillero, limita que los pequeños productores tengan acceso a un financiamiento para la actividad reforestadora y, por tanto, beneficiarse de sus incentivos.
Tambien se busca frenar, en la medida de las posibilidades, el éxodo de estos productores que al ver limitada la capacidad de explotar sus predios con beneficios abandonan el campo para emigrar a las ciudades.
El anteproyecto también introduce modificaciones a la Ley que creó el Fondo Fiduciario para permitir la utilización del 5% de los intereses de ese fondo para financiar la actividad de reforestación, pero sólo a los pequeños productores que por su condición se ven limitados a beneficiarse con la ley actual.
Igualmente se contemplan otras fuentes de financiamiento, como las partidas que asigne el Estado a través de las partidas presupuestarias, de organismos nacionales e internacionales y cualquier otro recurso que se asigne para estos fines.
En el contexto de la ley se considera la creación de un "Certificado de Incentivo Forestal" que generará una proliferación de proyectos de reforestación en todo el país y va dirigido principalmente a quienes utilizan la mano de obra familiar para la explotación de sus predios que no será mayor de 5 hectáreas, que serán reforestadas con especies maderables, fibras, vegetales y frutales.
Antes de llegar al pleno legislativo, el proyecto de ley fue consultado con instituciones estatales y organismos no gubernamentales que de una u otra manera están involucrados en el tema de la reforestación, tales como el BDA, la ANAM, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, Reforma Agraria, el IPACOOP, la Asociación Panameña de Reforestadores y Productores Independientes, entre otros.
