Aprueban proyecto de paternidad responsable

La Asamblea Legislativa aprobó ayer en segundo debate y por unanimidad, la Ley de Paternidad Responsable, iniciativa que otorga a las mujeres la facultad administrativa para poder inscribir a sus hijos recién nacidos utilizando el apellido del padre biológico.
De ahora en adelante y sin que medie la presencia o autorización del padre biológico, la madre podrá declarar en las oficinas del Registro Público, en los centros de salud y en los hospitales del país, y bajo la gravedad del juramento, el nombre del progenitor de la criatura.
Sin embargo, la ley establece sanciones penales que se extienden de dos a cinco años de cárcel para las mujeres que suministren el nombre de un hombre al que se le compruebe no ser el padre del niño o niña.
La norma, cuyo contenido inicial fue vetado por la presidenta Mireya Moscoso al considerarla inexequible, fue retirada por su proponente, la legisladora Teresita Yanis de Arias, quien la introdujo nuevamente con las recomendaciones sugeridas, además de estar apoyadas por las consultas de una comisión que designó la Corte Suprema de Justicia.
Para la legisladora Yanis de Arias, la iniciativa aprobada no sólo favorece a las mujeres que encuentran dificultad en el reconocimiento de su criatura, sino también de aquellos padres biológicos que encuentran dificultad para reconocer a sus hijos que han tenido con mujeres que permanecen casadas y, por ende, el niño lleva el apellido de quien no es su padre biológico.
"Y de verdad le digo que a mí se me han acercado muchos hombres en esta situación que quieren reconocer a sus hijos, pero no han podido hacerlo", detalló la parlamentaria.
Se calcula que en Panamá hay más de cien mil jóvenes menores de 18 años que nunca fueron reconocidos por sus progenitores, eso sin contar con los seis mil que nacen todos los años en las mismas condiciones.
Según Murillo, durante estos años de uso el edificio ha sufrido mucho deterioro en su mayoría, causado por los usuarios, ya que en la primera década del siglo XX allí funcionaban todas las instituciones del Gobierno.
En la remodelación se han encontrado forros de maderas y fórmica clavados unos encimas de otros sobre la pintura original de Enrico Corrado.
Cuando la remodelación del edificio se culmine, se tiene planeado crear en el recinto más grande una biblioteca jurídica, en la cual habrá nueve mesas de lectura y los libros estarán en un espacio creado especialmente para ellos. Además no se permitirán estanterías o libreros, para poder observar la majestuosidad de las pinturas que adornan sus paredes.
Las ventanas, puertas y pisos de madera son otros elementos que van a ser cambiados, pero de acuerdo con una investigación arquitectónica efectuada previamente, se tomarán en cuenta el estilo y la época neorrenacentista que sirvió para la construcción del edificio.
El proyecto de remodelación culminará en el mes de mayo del año entrante, según estimó el gerente general de la obra, Félix Correoso. Según Correoso, el único inconveniente que ha tenido el proyecto es que el edificio nunca ha sido desocupado en su totalidad.
En la parte superior del salón de los medallones se pueden observar tres medallones pintados con retratos de los miembros de la Junta Revolucionaria: José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás Arias. Las pinturas decorativas tienen la firma original de don Sebastián Villalaz, de 1908.
Murillo señaló que las pinturas que se encuentran en este recinto son unas de las pinturas institucionales más importantes, debido a la época, la firma y lo representativo como patrimonio histórico.
El salón de la Nacionalidad tiene un hermoso cielorraso que parece tela o papel tapiz, pero es pintura de Enrico Corrado. Además tiene paredes decoradas y lámparas originales de bronce importadas de Europa.
En la sala o despacho en donde se encontraba el viceministerio se ha redescubierto una losa con decoraciones que estuvo oculta durante años por un cielorraso falso.
La losa del vestíbulo es una de las fases del proyecto que ya se culminó y está decorada con pinturas de Corrado, pero con la diferencia de que los colores que tiene actualmente son los originales.
El Ministerio de Gobierno y Justicia fue declarado Patrimonio Histórico en 1997 debido a su gran valor artístico e histórico que a través de los años se ha enriquecido.