El pleno legislativo aprobó ayer en segundo debate un proyecto de ley que establece que los abogados que "dilaten injustificada o amañadamente" un proceso penal serán investigados por la Corte Suprema de Justicia y además autoriza a los agentes del Ministerio Público a ordenar el archivo de algunos expedientes en determinados casos.
Según el artículo cuatro del proyecto aprobado, se dispone que se considerará como "falta grave" a la ética profesional del abogado la práctica reiterada de dilatar las diligencias propias de los procesos judiciales.
La reincidencia en esta falta será de conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia, para su debido juzgamiento y la aplicación de la sanción respectiva al abogado que incurra en estas prácticas.
El mismo artículo dispone que corresponderá a la Corte Suprema de Justicia reglamentar la materia planteada en este proyecto, la cual se adiciona al artículo 215-A del Código Judicial.
A través de este proyecto de ley que en el pasado período legislativo fue vetado parcialmente por el presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, modifica varios artículos del Código Penal y Judicial.
Por medio del mismo proyecto se establece como una de las funciones de los agentes del Ministerio Público, emitir resoluciones de suspensión y archivo del ejercicio de la acción penal en diversos casos que son señalados en un párrafo que se añade al artículo 1977 del Código Judicial.
Se dispone que el funcionario podrá ordenar el archivo de los expedientes en el caso que los hechos investigados no constituyen delito, cuando resulte imposible determinar el autor del hecho punible, cuando la acción penal esté legalmente extinguida o prescrita.
También podrá hacerlo cuando el delito carezca de significación social y estén satisfechos los intereses del afectado, en el caso que el imputado haya sufrido una pena moral.
La misma situación podrá darse cuando el afectado haya desistido de la pretensión punitiva o haya otorgado el perdón del inculpado.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
