Con cuatro votos de la bancada oficialista a favor y tres en contra del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley que autoriza el uso del capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), así como la venta de las acciones de Cable & Wireless y las empresas de energía eléctrica.
El texto aprobado autoriza al Ejecutivo a traspasar al FFD a "título gratuito", la totalidad de las acciones que posee en las empresas de generación y comercialización de energía eléctrica, así como en la telefónica Cable & Wireless.
Uno de los principales puntos utilizados por el PRD para rechazar el proyecto, es que el IDAAN no podrá beneficiarse con esta norma, ya que la institución no es sujeto de crédito por la situación de sus finanzas.
Actualmente el capital del Fondo es de aproximadamente B/.1,300 millones y se calcula que con las acciones de Cable & Wireless y las empresas de energía eléctrica, podría aumentar a B/.2,500 millones.
Se espera que el proyecto de ley sea presentado ante el pleno legislativo en la sesión de hoy y que la discusión en segundo debate se inicie la próxima semana.
Para la administración del Fondo Fiduciario, se creará una junta directiva que estará compuesta por cinco miembros: el ministro de Economía y Finanzas, quien la presidirá, otro ministro designado libremente por la presidenta de la República, uno designado por el Ejecutivo, un representante de los trabajadores y otro de la empresa privada.
Los trabajadores y la empresa privada presentarán al Ejecutivo una terna, de la cual el presidente o presidenta de la República escogerá uno que estará sujeto a la ratificación del pleno de la Asamblea Legislativa.
Se mantiene al Banco Nacional de Panamá (BNP) como fiduciario y administrador del Fondo Fiduciario, mientras que a la junta directiva le corresponderá elaborar la política de inversión y establecer las directrices para el funcionamiento eficiente de este capital.
Durante la sesión de ayer se excluyó a los municipios como instituciones que podrían beneficiarse del capital del Fondo, por considerar que tampoco son sujetos de créditos.
