El proceso contra Cucalón se inició luego de publicarse en los medios de comunicación un listado de personas que eran objeto de supuestas escuchas telefónicas, ordenadas por el Ministerio de la Presidencia.
El Secretario General del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, dio a conocer al Ministerio Público que recibió un fax, el cual contenía un listado de personas que supuestamente eran objeto de escuchas telefónicas por parte del Consejo Nacional de Seguridad.
A raíz de esta situación, se abrió una investigación y se determinó que el listado fue remitido desde un fax de la empresa Grupo Style, en donde se practicaron una serie de inspecciones para analizar los faxes y establecer quién remitió los documentos a los medios de comunicación.
En su primera declaración, Jaime Cucalón aseguró no haber enviado el citado fax y que las líneas telefónicas se encontraban registradas a nombre de Enrique Montenegro Paredes.
Por su parte, el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Ramiro Jarvis, aseguró que la remisión del documento era parte de una estrategia para debilitar al Órgano Ejecutivo.
En su análisis, el tribunal determinó que el documento enviado por fax no pertenecía al Ministerio de la Presidencia y que éste fue remitido desde las instalaciones de la empresa Grupo Style, propiedad de Jaime Cucalón.
Las investigaciones también determinaron que el fax fue manipulado para que pudiera transmitir el documento con el logo de la Presidencia de la República.
No obstante, durante la investigación no se logró establecer que Cucalón fue la persona que remitió el fax, y por ende, no se le puede acusar de haber falsificado el documento con el logo de la Presidencia.
A la vez, señala que varias personas tenían acceso al fax, por lo que pudieron enviarlo a los diferentes medios de comunicación con la intención de crear un ambiente desfavorable a la pasada administración gubernamental.
Este proceso judicial originó duras críticas a los estamentos de seguridad, por las supuestas escuchas telefónicas de parte de diversas organizaciones.
Las empresas Body Color y Grupo Style fueron allanadas por funcionarios de la PTJ, en busca de los faxes desde donde presuntamente se enviaron los listados de personas, quienes eran objetos de escuchas telefónicas.
Los análisis de los peritos de la PTJ establecieron que uno de los faxes fue programado para remitir el documento a diversos medios de comunicación, pero no se pudo establecer quién manipuló el aparato para ello.
