Archivar es un verbo que los legisladores saben conjugar muy bien, y no desde ahora. Se trata de una vieja práctica que han utilizado desde siempre para esconder las denuncias que se reciben en ese Organo del Estado contra ellos, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y contra el Presidente de la República.
Desde la Asamblea Legislativa, instalada en 1990, la práctica ha sido "archivar" los expedientes contra los legisladores, magistrados de la Corte y el Presidente de la República.
En el período legislativo 1990-1994 fue archivada uan denuncia del ex contralor general, Rubén Carles, contra el entonces legislador del PRD, Alberto Alemán Boyd, por delitos contra la administración pública; igual denuncia del entonces legislador del PDC, José Antonio Sossa, contra su colega Alemán Boyd por igual cargo.
Contra los magistrados de esa época Rodrigo Molina, Carlos Lucas López y Fabían Echevers, también se archivaron denuncias.
Luego, la próxima Asamblea (1994-1999), ordenó archivar 10 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia de ese entonces.
Todas las Asambleas han archivados expedientes y la de 1999 al 2004 no fue la excepción. La Comisión de Credenciales que presidía el legislador José I. Blandón archivó la petición de levantamiento de la inmunidad de la legisladora por el circuito 5-1 (Darién), Haydeé Milanés de Lay y al legislador por el circuito 9-1 (Santiago), Carlos Santana.
También se archivaron denuncias que investigaba el Ministerio Público contra los legisladores Balbina Herrera, Francisco Reyes y Vicente Magallón.
El legislador Magallón, miembro de la Comisión de Credenciales de ese período, no se declaró impedido y votó a favor de que se archivara el expediente que contenía una denuncia contra él.
También fueron archivadas las denuncias que se presentaron contra los legisladores Carlos Tito Afú, Francisco Pancho Alemán, Miguel Bush y Alberto Magno Castillero.
El archivo más sonado de la Asamblea fue el expediente en el cual el Procurador de la Nación solicitaba el levantamiento de la inmunidad de los legisladores para investigarlos por las denuncias de corrupción en la aprobación del CEMIS. El caso fue archivado en el 2003.
