Los impenetrables archivos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde debe reposar toda la documentación relacionada con el contrato de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y el Estado, podría ser incursionada pronto por unos abogados que gestionan una demanda.
Así lo anticipó ayer el abogado Víctor Martínez, quien junto al también jurisconsulto Guillermo Cochez, interpuso una demanda por "bienes ocultos" contra el consorcio mexicano, por la suma de 9 millones de balboas. "Vamos a entrar a ver los archivos del MOP", pronosticó Martínez.
Esto no parece preocupar a ICA. La vocera de esta empresa, Itzel Velásquez, minimizó ayer tal eventualidad cuando categóricamente dijo que a la empresa le tiene "absolutamente sin cuidado" cuáles son los caminos legales que deba transitar cualquier demanda de esa naturaleza.
"Consideramos que ni el Ministerio de Obras Públicas, ni ICA podemos tener ningún documento que sea privado, porque ésta es una obra pública y reiteramos que con ese criterio nos hemos manejado", respondió la vocera de ICA.
No se privó de responder más directamente al decir que "las opiniones, algunas de ellas bastante irresponsables, que ha emitido el abogado Guillermo Cochez, demuestran un manejo un poco descuidado del tema. Los documentos están allí y no pueden ser borrados de los archivos nacionales".
Tanto las actuales autoridades del MOP como las del gobierno que precedió, han hecho caso omiso a las diferentes solicitudes para acceder a información sobre la documentación que marca el paso de la relación contractual entre ICA y el Estado panameño.
Martínez y Cochez informaron ayer que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó abrir a "periodo de pruebas" la solicitud de la demanda que ambos letrados interpusieron hace ya casi un mes. Tal decisión ministerial significa que en dos meses "va a venir la práctica de pruebas".
Las pruebas que los demandantes van a practicar, consisten en el Contrato 70-96 fechado el 6 de agosto de 1996, rubricado entre el Estado (representado por el MOP) y el consorcio mexicano, cuyas cláusulas serán escrutadas con ojo clínico.
Serán examinados también, dentro de las pruebas, "el mismo informe anual" que la empresa ICA presentó en el año 1999 dentro de su organización a nivel mundial, donde plantea en algunas de sus páginas, todo lo que tiene que ver con la construcción de Corredor Sur en Panamá.
Se incluye también una revista propiedad de ICA, fechada en septiembre de 1999 en la cual ellos proyectan y plantean la inversión de los 222 millones, así como los 84 millones a los que ellos tendrían derecho a ganar. Se menciona en la misma publicación acerca de la distancia del Corredor.
Este, según la propia revista indica que el Corredor debe partir desde la calle Aquilino de la Guardia, hasta la cercanía del aeropuerto de Tocumen, donde se hablan de los casi 20 kilómetros. Eso quedó claramente consignado en una Revista ICA Quinta Epoca No. 12 de julio septiembre de 1999.
Cabe anotar que uno de los puntos de crítica contra ICA se sostiene en que la empresa acordó la construcción de 19.46 kilómetros en la ruta precitada, pero que posteriormente de manera unilateral recortó su extensión a 19.1 kilómetros, lo que le significa un ahorro de 9 millones.
Martínez dijo que además de ellos han presentado un original del diario La Prensa, donde ICA hacen un anuncio sobre la venta de terrenos y anuncian que el precio del metro cuadrado bajo el cual venderán en Punta Pacífica, está por encima de lo que se pactó.
Dentro de la apertura de pruebas "vamos a solicitar la autorización para inspeccionar toda la documentación que reposa en el Ministerio de Obras Públicas con relación a ese contrato y a todo lo que tiene que ver con el Corredor Sur, pero que reposa en el MOP", adelantó Martínez.
Lo anterior significa que cuando el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe la apertura de pruebas los demandantes van a tener el derecho a solicitar el acceso a los archivos del MOP.
EX DIRECTORA DE LA CSS NO AUTORIZ" USO DE TERRENOS
Por otro lado, la controversia entre ICA y la CSS se atizó ayer más, cuando el presidente de la Junta Directiva de esta institución, Rafael Medina, aseguró que la nota emitida por la ex directora Marianela Morales sólo es válida como una invitación para "conversar".
Sobre la nota de la ex directora, Medina dijo a él le tocó hablar con el ingeniero Nicolás Trejo ante la doctora Morales y "decirle" que "toda acción que pasara de 20 mil balboas tenía que ser aprobada por la Junta Directiva y ante la misma directora se lo aceptaron así".
"Hasta ese momento todavía no se había autorizado, se estaba conversando y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Una cosa es conversar, autorizar para que se converse y se llegue a un arreglo, y otra cosa es que se autorice", siguió refutando el directivo.
"Hasta donde tengo entendido, la nota existe, pero no autorizando a nadie", aseguró el presidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social.
En tanto, Medina dijo que la Resolución "nunca llegó ni siquiera a la Secretaría General" para que se presentara a la Junta Directiva y agregó que la misma tiene como fecha de 5 de diciembre, día en que jamás se reunió la Junta Directiva para tomar decisiones de nada.
ICA LAMENTA IRRESPETO A DOCUMENTACION OFICIAL
La vocera de ICA, Itzel Velásquez, al referirse a la versión emitida por el presidente de la Junta Directiva de la CSS, Rafael Medina, quien dijo que la nota de Morales no autoriza nada a ICA, exteriorizó su sorpresa y calificó de "irrespeto" el no apegarse a la documentación oficial.
"En primer lugar consideramos sorprendente que las mismas autoridades de la CSS quieran desconocer como documentos oficiales los propios documentos que emiten las más altas autoridades de dicha institución", refutó ayer Velásquez.
Expresó que eso no solamente demuestra una sorpresa sino un irrespeto a la documentación que emana de la dirección general de la CSS. "Para una empresa extranjera es fundamental interpretar que toda documentación que emane de la dirección general de una institución tan importante como la CSS, pueda ser interpretada como oficial", agregó la vocera de ICA.
Agregó que "la interpretación del texto de los documentos no deja lugar a dudas de que recibimos las debidas autorizaciones para proceder y para actuar conforme a la ley y en este caso nosotros no tenemos la menor duda, y no se trata de las opiniones de Medina o las mías".
A Velásquez se le preguntó acerca de la carta emitida el martes por ICA en la que se menciona un "proyecto" de Resolución, a lo que respondió que "habría que preguntar a Italo Antinori, porque hemos sido muy honestos al advertir que dicho documento no lo teníamos".
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